La tragedia de la familia Gutiérrez Bravo se hizo más profunda esta semana. Stewen José Gutiérrez Bravo, de 26 años, no logró resistir las heridas de bala que recibió el sábado pasado en Palmira. A pesar de que el personal médico del Hospital San José hizo todo lo posible, el joven finalmente sucumbió a sus lesiones. Con su muerte, el número de víctimas fatales en esta masacre asciende a cinco personas.

La familia Gutiérrez quedó devastada. Junto a Stewen, ya han fallecido su padre José Antonio conocido como 'Aramis' Gutiérrez, su hermano Mario Luis Gutiérrez Bravo, y sus primos Alberto Mario Gutiérrez Corrales y José David Gutiérrez Corrales. Todos ellos perdieron la vida en un solo ataque. Además, dos vecinos que estaban cerca del lugar fueron heridos en la balacera.

Todo ocurrió cuando la familia compartía una tarde dentro de una vivienda en Palmira. Sin aviso previo, aproximadamente diez hombres armados que iban en motocicletas rodearon la casa y comenzaron a disparar contra quienes estaban adentro. El ataque fue indiscriminado y brutal, dejando un rastro de sangre en el corregimiento costero.

Las autoridades actuaron rápido. La Policía Metropolitana de Santa Marta logró capturar en flagrancia a cinco presuntos responsables mientras intentaban escapar por las trochas rurales de la zona. Entre los detenidos hay sicarios con un extenso historial delictivo. La Fiscalía de Ciénaga ya autorizó mantenerlos en detención preventiva, y los policías incautaron armas de fuego y celulares que servirán para avanzar en la investigación.

Pero el dolor se mezcla ahora con la rabia. Líderes comunitarios y defensores de derechos humanos aseguran que esta masacre no fue una sorpresa. Desde abril, dicen, han alertado a las autoridades sobre el acoso y la intimidación que sufren los pescadores de la zona. "El silencio institucional permitió que la violencia escalara hasta este punto", denunció uno de los líderes comunitarios. Señalan que la presencia estatal ha sido insuficiente mientras los grupos armados avanzan sin control.

Mientras la Policía presume tener pruebas sólidas contra los capturados, la comunidad de Palmira pide respuestas claras. Quieren saber por qué pasó esto, quién ordenó el ataque y qué garantías van a recibir para que la violencia no vuelva a golpear sus casas. La costa de Santa Marta sigue siendo un territorio donde el crimen impone su ley y la protección estatal parece insuficiente.