La carrera presidencial colombiana se está desarrollando en un contexto de miedo generalizado a los atentados. Esta angustia se intensificó después del asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato del Centro Democrático, quien fue disparado por un sicario adolescente en un parque de Bogotá el 7 de junio de 2025 mientras hacía campaña. La consecuencia más visible de esta tragedia es el despliegue de seguridad sin precedentes que envuelve a quienes aspiran a la presidencia.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, expresó recientemente su preocupación por lo que vio en el Parque de Belén durante un acto del candidato Abelardo de la Espriella. Describió una escena que refleja la realidad actual: "Ver a un candidato presidencial ante miles de personas protegido por escudos, mantas balísticas, chalecos, antidrones, una tarima con vidrios blindados y un despliegue de más de 30 hombres con fusiles, es una imagen que cuestiona nuestra realidad. ¿En qué momento se volvió tan peligroso querer liderar a Colombia?", señaló en redes sociales. De Bedout agregó que "da miedo ver que, para querer salvar a Colombia, Abelardo tenga que estar dejando su vida y su tranquilidad en cada lugar. Es doloroso que la esperanza deba estar blindada de esta manera".

Los anillos de protección son complejos y caros. Cada desplazamiento de un candidato o su fórmula vicepresidencial requiere un mínimo de 40 funcionarios de seguridad con sus medios logísticos. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, el Estado ha dispuesto 107 integrantes de la Unidad Nacional de Protección, 160 efectivos de Policía, 29 vehículos convencionales, 39 blindados y 29 chalecos de protección. El gasto mensual supera los mil millones de pesos. De la Espriella, además, paga de su propio bolsillo un equipo de seguridad privada adicional.

Pero las amenazas van más allá de los posibles atentados. La Misión de Observación Electoral ha documentado 35 amenazas contra campañas electorales en 2026, y entre marzo y abril de este año se registraron múltiples agresiones a los candidatos. Según la defensora del Pueblo, Iris Marín, "el proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia". La defensora documentó que existe "una alta recurrencia de violencia contra las mujeres en política, con ataques basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como agresiones por prejuicio hacia personas con orientación sexual diversa y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas".

Candidatos como Paloma Valencia, Claudia López, Aida Quilcué y Sondra Macollins han sido objeto de violencia política basada en género. Luis Gilberto Murillo y Aida Quilcué han recibido afirmaciones racistas. La violencia se amplifica en redes sociales, a menudo impulsada por personajes públicos influyentes, lo que crea escenarios donde candidatos se autocensuran y hay desconfianza institucional.

La preocupación ha cruzado las fronteras. Michael Kozak, subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, expresó el 16 de abril que "tenemos una preocupación seria por esas amenazas, después de que vimos el asesinato del senador Uribe". Sin embargo, surgieron confusiones cuando el ministro de Defensa y el director de la Policía alertaron a Paloma Valencia sobre un supuesto complot para asesinarla, pero horas después se retractaron. El presidente Gustavo Petro indicó que fue una falsa alarma.

Sobre el asesinato de Uribe Turbay, la Fiscalía apunta a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc comandada desde Venezuela por "Iván Márquez", como autora intelectual. Ya hay nueve detenidos vinculados al crimen. Otras disidencias, lideradas por "Iván Mordisco" y "Calarcá", están siendo investigadas por presuntos planes contra candidatos. El Ministerio de Defensa ofreció mil millones de pesos a quien suministre información para prevenir atentados contra los aspirantes presidenciales.