El Ministerio de Salud intentó darle un golpe de autoridad al caos de los medicamentos en Colombia. El 13 de mayo publicó la Circular Externa 017 de 2026, un conjunto de instrucciones vinculantes que busca acabar con lo que afecta a miles de pacientes diariamente: demoras en la entrega de fármacos, suministros a medias y barreras para acceder a lo que los médicos prescribieron. La medida ordena a las Entidades Promotoras de Salud, las EPS, que entreguen los medicamentos formulados en un plazo máximo de 24 horas. Si algo falta, los usuarios tendrán derecho a recibirlo en su domicilio o buscarlo en una red alterna antes de que pasen 48 horas.

El documento va más allá. También le pide a las aseguradoras que no dependan de un solo proveedor, que activen planes de contingencia cuando hay riesgo de escasez y que reporten cualquier problema de desabastecimiento. La Superintendencia Nacional de Salud y las secretarías territoriales deben estar más atentas para inspeccionar y sancionar a quien no cumpla.

Pero apenas el Ministerio anunció la orden, actores clave del sector farmacéutico salieron a poner los pies en la tierra. Gestores farmacéuticos, droguerías y prestadores de servicios coincidieron en un diagnóstico incómodo: el problema no está donde el Ministerio cree que está. La razón real de los retrasos es mucho más profunda: las EPS simplemente no están pagando a tiempo. Las deudas acumuladas con proveedores han crecido tanto que la mayoría de aseguradoras ya no cumple ni los ciclos de pago razonables. Esto ha dejado a droguerías y gestores sin dinero para mantener inventarios y reponer lo que venden.

La situación es especialmente grave con las EPS que el Gobierno Nacional ha intervenido. Según fuentes del sector, estas entidades tienen los mayores retrasos en sus pagos. Cuando una aseguradora grande no paga, el efecto no se queda ahí: todo el que depende de ella, desde proveedores hasta droguerías, queda sin recursos. Es un efecto dominó que termina estrangulando toda la cadena. Como lo explicó un representante del gremio farmacéutico que pidió no ser identificado: "No se puede dispensar lo que no se ha pagado ni reponer lo que ya se entregó sin recursos frescos".

El propio Ministerio reconoce en la circular que los problemas administrativos, financieros y contractuales no pueden seguir afectando a los pacientes, y exige que haya "flujos de recursos oportunos y transparentes". Suena bien en el papel. Pero el sector salud ve esto con escepticismo. Un decreto administrativo, por sí solo, no mete dinero en las cuentas de nadie. Una orden no paga las carteras morosas de millones de pesos que las EPS intervenidas tienen pendientes.

El resultado es que mientras el Ministerio publicaba su circular, el sector advertía una realidad incómoda: sin resolver el nudo financiero, esta nueva orden corre el riesgo de quedarse en palabras bonitas. Los pacientes seguirán siendo los que pagan los platos rotos. En los corredores del sector salud ya hay escepticismo sobre si esta medida logra algo diferente a las anteriores. Todos hablan de que hay que resolver el problema de la plata, pero nadie ve claramente de dónde va a salir.