La tensión entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología escaló este miércoles cuando la cartera emitió un comunicado desautorizando la restricción de servicios a pacientes de Nueva EPS. El Ministerio advirtió que si la entidad persiste en su decisión, interpondrá una denuncia penal y una queja disciplinaria ante los entes de control por presunto delito de prevaricato.

Según el comunicado ministerial, el Instituto Nacional de Cancerología, como entidad adscrita a la cartera, "no puede actuar en contra de los lineamientos y parámetros emitidos por este ministerio, que han sido establecidos en favor de la prevalencia de los derechos, así como de la continuidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud a los pacientes". El Ministerio argumentó que la decisión del instituto viola la Ley 1751 de 2015, que regula el derecho fundamental a la salud, específicamente el principio de oportunidad en la atención.

Pero el Instituto Nacional de Cancerología tiene sus propias razones para tomar esta medida. La entidad anunció que a partir del primero de mayo dejaría de recibir nuevos pacientes de Nueva EPS porque, según documentos obtenidos por medio de derecho de petición, la deuda de la aseguradora se ha cuadruplicado en dos años. En marzo de 2024 la cartera total ascendía a 36.295 millones de pesos, pero para febrero de 2026 había llegado a 136.424 millones. Lo más crítico es la mora de más de 361 días, que pasó de 6.169 millones a 28.475 millones de pesos en el mismo periodo.

El instituto señaló que durante varios meses ha seguido atendiendo pacientes sin recibir pagos por la atención prestada ni las autorizaciones correspondientes de Nueva EPS. Esta situación se ha agravado desde que la Superintendencia de Salud intervino la aseguradora hace dos años.

Mientras tanto, Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, anunció que se reuniría el miércoles 29 de abril con las directivas del instituto para buscar alternativas que resuelvan el problema de flujo de recursos. El objetivo es garantizar que los pacientes oncológicos en tratamiento no vean interrumpida su atención, aunque el comunicado del Instituto ya había aclarado que los servicios de urgencias continuarán operando con normalidad y los pacientes en tratamiento no serán afectados por la medida.