Pedro Sánchez lleva un año al frente del Ministerio de Defensa enfrentando un desafío complejo: garantizar elecciones tranquilas mientras lidia con una tormenta mediática por los contratos que dos de sus hermanos han suscrito con el Gobierno por 735 millones de pesos. En una entrevista, el ministro se mostró visiblemente molesto con los cuestionamientos sobre este tema y dejó clara su posición: sus hermanos tienen derecho a trabajar con el Estado.

Cuando le preguntaron qué explicación tenía sobre los siete contratos de Juan Carlos y Julio César, Sánchez respondió: "Trabajar con el Estado no es ningún escándalo. Entonces uno se pregunta: ¿cuál es el interés de nombrarlo así?". Rechazó de manera tajante la posibilidad de un conflicto de interés. Explicó que ambos hermanos tienen carreras profesionales de décadas en el sector defensa. Juan Carlos es ingeniero civil especializado en vías y transporte, contratista desde los años noventa. Julio César fue militar de la Armada y tiene una maestría en ciberseguridad, con casi 30 años de experiencia en el sector público.

El ministro enfatizó que su hermano Juan Carlos comenzó a trabajar con la Policía Nacional en 2024, un año antes de que él fuera designado en el cargo. Aclaró que no es nominador de sus cargos ni ordenador del gasto, y que rinden cuentas a sus supervisores directos. "Hay una independencia absoluta", afirmó, invitando a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad a través de la línea 157, que ha recibido más de 31 mil llamadas desde su activación.

En cuanto a los desafíos electorales, Sánchez explicó que Antioquia requiere atención especial. El análisis de mapas de riesgo identificó 47 sitios críticos en todo el país que necesitan vigilancia inmediata, de los cuales 14 están en Antioquia. El Plan Democracia desplegará 20 mil militares, 6 mil policías, 1.500 agentes adicionales, drones y vehículos blindados. Los 76 billones de pesos asignados este año al Ministerio permiten ejecutar esta operación.

Pero más allá de la seguridad física, el ministro señaló que existen otras amenazas igual de peligrosas: el constreñimiento del voto (cuando criminales obligan a la población a votar por candidatos específicos), la compra y venta de votos, los delitos cibernéticos, y la desinformación que genera polarización. Recordó cómo en Gamarra, Cesar, en 2023, quemaron la Registraduría no por la llegada de un grupo armado, sino por información falsa que circulaba.

Respecto al incidente de Hidroituango donde el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia cancelaron un evento por la detección de drones, Sánchez adoptó una posición equilibrada: "Se ha visto un dron en el área de Hidroituango, sí. No se tenía certeza de quién lo operaba ni de qué llevaba, ni si llevaba alguna capacidad que pudiera afectar. Decir que era un ataque contra ellos no es correcto; y decir que no había nada, tampoco es correcto".

Los drones se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades. El año pasado hubo 9 mil intentos de ataque con estos dispositivos, de los cuales inhibieron el 96 por ciento. El 4 por ciento restante logró su objetivo, causando muertes entre militares, policías y civiles. Sánchez señaló que los criminales adquieren esta tecnología más rápido que el Estado, porque un delincuente puede comprarla sin rendición de cuentas, mientras que el Gobierno debe seguir procesos bureaucráticos.

El país estudia implementar un Escudo Nacional Antidrones, similar al sistema israelí, con un costo aproximado de 6,7 billones de pesos. Sin embargo, el desafío es enorme: Israel, que es del tamaño del Tolima, detecta amenazas que vienen de afuera. En Colombia, los drones pueden lanzarse desde adentro del territorio. A pesar de las visitas a países como Catar, Estados Unidos, República Checa y Turquía para conocer tecnología, Sánchez reconoció que lo que se compre hoy puede quedar obsoleto en seis u ocho meses.

En un momento de frustración, el ministro sentenció: "Si queremos seguridad, hay que invertir en seguridad. No le pidan a uno solucionar un cáncer con agüita aromática". Con esta frase sintetizó el desafío que enfrenta: combatir amenazas cada vez más sofisticadas con recursos limitados y procesos lentos que no acompañan la velocidad con que evolucionan los criminales.