En un movimiento sin precedentes, el Ministro de Hacienda y Crédito Público Germán Ávila anunció su renuncia a la Junta del Banco de la República. Su decisión responde al desacuerdo con el incremento de la tasa de intervención en 100 puntos básicos, que llegó a 11.25%. Según el ministro, la medida fue adoptada mediante "la utilización de esa mayoría poco legítima", refiriéndose a una Junta compuesta por siete miembros, tres de los cuales fueron designados por el Presidente Gustavo Petro.

El gerente Leonardo Villar, cuyo mandato fue renovado por unanimidad con el apoyo del exministro Ricardo Bonilla, justificó el aumento argumentando que "las expectativas de inflación se mantienen elevadas". Sin embargo, Ávila rechazó esta explicación de manera contundente. El desacuerdo evidencia una ruptura visible entre el equipo económico del gobierno y la entidad encargada de la política monetaria del país.

Lo que está en juego va más allá de una simple discrepancia sobre números. El conflicto toca el corazón mismo de la autonomía del Banco de la República, un principio que la Constitución de 1991 estableció para proteger al banco de las presiones políticas inmediatas. La Corte Constitucional fue clara en su Sentencia C-426 de 2020 al afirmar que "la Banca Central debe ejercer sus funciones bajo un amplio margen de libertad e independencia, sin injerencias de las ramas del poder público". Entre el gobierno y la Junta debe existir coordinación, pero no subordinación.

El contexto económico complica aún más las tensiones. El gobierno ha continuado ejecutando gastos significativos a pesar de las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Solo en enero del año anterior, entidades estatales firmaron más de 521,000 contratos directos por un valor superior a 32.88 billones de pesos. Además, la deuda pública pasó de 1.031 billones en enero de 2025 a 1.205 billones, un incremento de 170 billones en apenas un año. El gobierno también elevó el salario mínimo en 23.78 por ciento, siete puntos porcentuales por encima de lo solicitado por las centrales obreras.

Estas presiones fiscales fuerzan al Banco Central a recurrir a su herramienta principal: subir las tasas de interés para frenar la inflación. El presidente Petro ha cuestionado la posición de los miembros de la Junta, afirmando que "el Banco ha perdido su real independencia" solo por no seguir sus designios. Sin embargo, esta confrontación refleja exactamente lo que la Constitución de 1991 pretendía evitar: que la política monetaria se subordinara a los intereses fiscales o electorales del gobierno de turno.