El Ministro de Educación, Daniel Rojas, se refirió este lunes a la compleja situación de la Fundación Universitaria San José, institución que enfrenta medidas de inspección y vigilancia tras un escándalo relacionado con presuntas irregularidades en la emisión de títulos académicos. Entre los afectados está Juliana Guerrero, quien habría presentado diplomas de esta fundación al aspirar al cargo de Viceministerio de las Juventudes.

Durante una rueda de prensa, Rojas fue claro sobre lo que puede y no puede anticipar. Frente a la pregunta sobre un posible cierre de la institución, el funcionario respondió con cautela: "No me atrevería a dar una respuesta contundente frente al cierre". Explicó que "existe un respeto al debido proceso" y que debe ser "muy cauto sobre la información de una investigación en curso". Sin embargo, dejó abierta la puerta a sanciones más severas, asegurando que "la San José tiene, aparte de esto, otros tipos de irregularidades que nos llevan a nosotros a profundizar en términos sancionatorios administrativos".

Las irregularidades encontradas son variadas y preocupantes. El ministerio investiga porque la fundación "presuntamente graduó estudiantes sin cursar materias". Además, hay indagaciones por "convenios irregulares para ofertar programas sobre los cuales no debe ofertar", situación que ha motivado investigaciones a otras dos instituciones de educación superior. Rojas enfatizó que uno de los aspectos más graves es la falta de reporte de información oficial. La fundación está siendo investigada por "no cargar al SNIES información de los estudiantes que cursan en esta institución de educación superior" (el SNIES es el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior). Esto constituiría una "presunta omisión de cargue" de datos críticos para la supervisión educativa.

En términos concretos, el ministerio ya tomó medidas administrativas. Impuso vigilancia especial a la Fundación San José, una de las sanciones más restrictivas dentro del marco de supervisión, debido a que se identificaron "presuntas irregularidades que podrían comprometer la calidad, legalidad y continuidad del servicio educativo". Se designó una inspectora que hará seguimiento a las actividades académicas, administrativas y financieras. Además, la fundación debe formular y ejecutar un plan de mejoramiento obligatorio para corregir las fallas detectadas.

El ministerio también formuló pliego de cargos contra la rectora, Romelia Ñuste Castro, y contra el exsecretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, en un proceso administrativo sancionatorio donde se establecerán las responsabilidades individuales.

Paralelo a las acciones administrativas, la Fiscalía General adelanta una investigación penal contra Juliana Guerrero. Se le imputa haber presentado dos títulos presuntamente falsos de la Fundación San José (uno como tecnóloga y otro como profesional en contaduría pública) al Sistema de Gestión de Expedientes y Procesos, conocido como Sigep. Los delitos que se le señalan son supuesto fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Una audiencia de imputación que estaba programada para el 27 de febrero fue reprogramada para el 10 de marzo debido a la ausencia de Guerrero.

Rojas cerró su intervención dejando clara la posición del ministerio: "Lo que si le puedo decir es que el Ministerio de Educación no vacilará en continuar estas medidas y sancionar si así lo ve viable". Con esto confirmó que las investigaciones y acciones administrativas continuarán hasta sus últimas consecuencias.