En un lapso menor a 24 horas, el Ministerio de Defensa rubricó cinco resoluciones que ordenan la salida de alrededor de 100 oficiales, la mayoría mayores y tenientes coroneles, que no habían sido incluidos en evaluaciones previas para ascensos ni en procesos de retiro conocidos públicamente. Todos fueron llamados a calificar servicios, un mecanismo legal que permite el retiro del servicio activo tras evaluaciones internas sin necesidad de sanciones disciplinarias.

La rapidez y magnitud de estas decisiones generaron preocupación en la institución militar. Los oficiales cuestionados denuncian posibles irregularidades jurídicas en las resoluciones suscritas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señalando inconsistencias en fechas de procedimientos y documentación de expedientes. El principal señalamiento apunta a la Junta Asesora encargada de revisar estos casos. De acuerdo con documentos conocidos, la sesión que evaluó las salidas ocurrió el 16 de marzo y fue catalogada como ordinaria. Sin embargo, algunos oficiales sostienen que esa fecha no se ajusta a los parámetros que establece la normativa regulatoria, lo que pondría en tela de juicio la validez de todo el proceso.

Las críticas se extienden a otros aspectos procedimentales. El Decreto 2260 de 1973 establece que las reuniones ordinarias de la Junta Asesora deben tratar asuntos administrativos de personal como ascensos, recomendaciones y retiros. Aunque incluye administración de personal, los oficiales afectados sostienen que la norma no contempla de manera explícita la calificación de servicios. Además, ese mismo decreto ordena que estas sesiones se realicen los primeros jueves de cada mes, condición que presuntamente no se cumplió. Otra preocupación es que algunos análisis se habrían hecho sin contar con las hojas de vida completas ni con los soportes documentales de los uniformados evaluados.

Este episodio se inscribe en cambios más amplios ocurridos desde 2022, cuando asumió el gobierno de Gustavo Petro. En ese período, cerca de 300 oficiales del Ejército y la Policía han dejado la Fuerza Pública por despidos o renuncias. Aunque el Gobierno niega estar realizando una purga, fuentes de inteligencia señalaron que se expulsó a quienes fueron sospechosos de falsos positivos, de perseguir actividades políticas de izquierda y de tener vínculos con administraciones anteriores. Esto, sin considerar su experiencia profesional. El relevo de personal ha impactado agencias especializadas como el Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia (Cede2), el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (Caimi), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), según reportes disponibles.

Sin embargo, fuentes consultadas señalan que estos movimientos responden también a la estructura piramidal de la Fuerza Pública. En una organización de ese tipo no es viable mantener un número muy elevado de oficiales en rangos medios y altos, como coroneles y tenientes coroneles. Por eso, cada ciclo de ascensos requiere que un grupo significativo de uniformados salga para dar paso a nuevas promociones. Según estas mismas fuentes, los procesos de evaluación son periódicos y están definidos por ley. Normalmente ocurren entre abril y mayo, para expedir los decretos antes de junio, cuando se concretan los ascensos. Las decisiones sobre ascensos en esos rangos son adoptadas principalmente por juntas internas de las Fuerzas Militares, mientras que el Presidente y el ministro de Defensa las formalizan mediante su firma.