La muerte violenta de un periodista en el norte de Antioquia encendió las alarmas sobre la seguridad de quienes ejercen el oficio de informar en zonas de conflicto. Mateo, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia y comunicador de Yarumal, fue reportado como desaparecido el martes 5 de mayo cuando se desplazó hacia la vereda Palmichal en Briceño para documentar los enfrentamientos que ocurrían entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional.

Lo que comenzó como una misión periodística terminó en tragedia. De acuerdo con relatos de personas cercanas al comunicador, fue interceptado por hombres de las disidencias del frente 36, bajo el mando de alias Primo Gay del Estado Mayor Central. Según estos testimonios, lo torturaron y lo ejecutaron frente a miembros de la comunidad. Su cuerpo ha permanecido en la vereda sin que las autoridades municipales hayan avanzado en su recuperación, argumentando que las condiciones de seguridad en la zona no lo permiten.

La gravedad de los hechos activó una respuesta institucional. La Defensoría del Pueblo rechazó categóricamente el crimen y exigió que se investiguen y sancionen a los responsables. Junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, están coordinando una misión humanitaria con la familia de Mateo para poder entrar al municipio y gestionar la situación. El organismo de derechos humanos también elevó un llamado urgente al respeto y protección de la labor periodística, recordando que informar en zonas de conflicto es un derecho fundamental que debe estar blindado, aunque sea en los terrenos más peligrosos del país.