Una investigación publicada por The New York Times destapó una operación minera ilegal dentro de instalaciones militares en Antioquia. Se trata de la mina La Mandinga, atribuida al Clan del Golfo, que habría funcionado en predios del Batallón Rifles 31, en el Bajo Cauca. El descubrimiento encendió las alarmas en el Ministerio de Defensa, que de inmediato ordenó una verificación para esclarecer qué pasó y por qué una explotación criminal logró avanzar hasta terrenos bajo control de la Fuerza Pública.

Según el reportaje del medio estadounidense, la mina operaba con métodos rudimentarios pero efectivos: motores, mangueras de alta presión y equipos para remover tierra y extraer oro. Los trabajadores pagaban cuotas al Clan del Golfo por el derecho a explotar la zona, convirtiendo la operación en una fuente directa de financiamiento para esa estructura criminal. Lo más incómodo para las autoridades fue que la actividad minera no solo estaba cerca de la base militar, sino que habría llegado hasta áreas internas o muy próximas al perímetro del Batallón Rifles 31. El comandante de la unidad, el coronel Daniel Echeverry, inicialmente negó que hubiera extracción de oro en los predios, pero después constató la presencia de minería en el área.

El caso genera preguntas que van más allá de lo territorial. El reportaje indica que parte del oro extraído ilegalmente habría ingresado a cadenas de comercialización legales y llegado a mercados internacionales. Eso abre un abismo sobre los controles de trazabilidad del mineral y sobre cómo economías criminales logran infiltrarse en circuitos formales de negocios.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue claro en su respuesta: afirmó que "no se tolerarán vínculos entre miembros del sector defensa y economías criminales, ni omisiones frente al deber de combatir la minería ilegal y los delitos ambientales". También advirtió que si se comprueba conducta irregular, omisión o relación con estructuras criminales, se actuará conforme a la ley. Según el Ministerio de Defensa, en lo corrido del año han realizado operaciones en cerca de 2.500 minas ilegales y han destruido alrededor de 1.000 máquinas utilizadas para extracción ilícita.

Ahora toca determinar si La Mandinga operó efectivamente en los terrenos del batallón, cómo logró avanzar hasta ese punto y si hubo fallas serias de control dentro de la unidad militar. La investigación oficial también debe establecer si esto fue una omisión institucional, una incapacidad operativa o si hay responsabilidades concretas dentro de la Fuerza Pública que investigar.