Una investigación del New York Times sacó a la luz uno de los secretos mejor guardados en el Bajo Cauca antioqueño: la mina de oro La Mandinga no solo operaba cerca de una base militar, sino literalmente dentro de sus límites. El Batallón de Infantería Aerotransportado N°31 Rifles, ubicado en Cáceres, había permitido —voluntaria o involuntariamente— que el Clan del Golfo extrajera oro en terrenos del Ministerio de Defensa, a metros de donde descansaban 800 soldados.

Cuando los periodistas llegaron con drones y cámaras, el panorama era desolador. Decenas de trabajadores manejaban mangueras de alta presión para arrancar el bosque, dejando tras de sí un cementerio de lodo, pozos contaminados y agua turbia. Los generadores diesel sonaban tan fuerte que se escuchaban desde los edificios de la base. Todo estaba ahí, a la vista, sin esconderse. El coronel Daniel Echeverry, comandante de la unidad, primero lo negó todo. Aseguró que los mineros ilegales estaban del otro lado de la línea, en terrenos vecinos, no en su jurisdicción. Argumentó que el Ejército dudaba en enfrentar a civiles aunque estuvieran cometiendo delitos. Pero cuando accedió a caminar con los periodistas desde la base hacia la zona de extracción, la realidad lo golpeó en la cara. A pocos pasos, el bosque desapareció. Lo que quedó fue devastación pura.

Frente a la evidencia innegable, el coronel cambió su discurso. "Esto es propiedad privada del Ministerio de Defensa, nosotros podemos dispararles por estar aquí", gritó a los mineros que estaban trabajando. Ordenó a sus hombres que destruyeran la maquinaria: rociaron gasolina sobre motores y mangueras y les prendieron fuego. Pero los trabajadores no se fueron tranquilamente. Intentaron salvar sus herramientas, apagaban las llamas con agua lodosa, se agredían mutuamente. Algunos blandieron machetes, otros lanzaron piedras. Uno amenazó con incendiar todo mientras gritaba que "todos se iban a prender". La tensión fue tanta que el coronel y sus soldados tuvieron que retroceder.

Detrás de esta batalla por maquinaria hay una máquina de dinero sucio muy bien aceitada. Los mineros pagan un gravamen al Clan del Golfo por el derecho a trabajar en La Mandinga. Ese flujo de recursos financia la compra de armas y mantiene el control territorial del grupo armado más grande de Colombia. Lo grave es que ese oro, extraído ilegalmente en territorio colombiano, termina en Estados Unidos. Según la investigación del New York Times, parte de ese metal llegó incluso a la Casa de la Moneda estadounidense, violando leyes que prohíben la importación de oro de origen ilícito.

El caso pone al Ejército en una posición incómoda. Mientras combate estructuras criminales, estas operan y se financian tranquilamente dentro de su propia jurisdicción. El coronel Echeverry reconoció la contradicción y aseguró que tomaría medidas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó rápido. Anunció en redes que ordenó "una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia" y enfatizó que "aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley".

Lo que queda claro es que en zonas bajo control militar, el crimen organizado sigue tejiendo sus negocios sin que nadie pueda o quiera detenerlo completamente.