La justicia colombiana le abrió la puerta al Ministerio de Ambiente para ejecutar su controvertido plan de control poblacional de hipopótamos en el Magdalena Medio. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá determinó que el sacrificio de cerca de 80 ejemplares de esta especie es la medida más apropiada, desestimando los recursos legales presentados por ciudadanos y organizaciones animalistas que insistían en buscar alternativas menos drásticas.

La decisión judicial llegó después de que el despacho revisara exhaustivamente los argumentos técnicos presentados tanto por las autoridades ambientales como por quienes se oponían a la eutanasia. El núcleo del debate estuvo en si existían opciones viables para contener el crecimiento descontrolado de estos animales sin llegar al sacrificio. Los demandantes habían propuesto medidas como esterilización, traslado a otras regiones o confinamiento de los hipopótamos, pero el juez concluyó que ninguna de estas alternativas garantiza un control efectivo considerando la capacidad reproductiva de la especie y su larga vida útil.

Lo que pesó más en la balanza fue el impacto ambiental que está generando la presencia de hipopótamos en una región donde no son nativos. El fallo reconoce que estos animales han alterado hábitats naturales, afectado especies endémicas y presionado las fuentes hídricas del Magdalena Medio. Como no tienen depredadores naturales en Colombia, su población continúa expandiéndose sin control, lo que habría generado una situación cada vez más difícil de manejar en los próximos años.

Aunque el despacho fue claro en reconocer que "los hipopótamos son seres sintientes", también estableció una línea importante: esa condición no les otorga una protección legal equivalente a la de los seres humanos en el ordenamiento jurídico colombiano. En ese sentido, el juez consideró que "prima el interés general de conservación de nuestros ecosistemas y especies naturales propias".

La responsabilidad ahora recae en las autoridades ambientales. El fallo las exhorta a que "actúen de manera seria, pronta y oportuna, evitando con ello la propagación del daño" y que estructuren la ejecución del protocolo previsto para el segundo semestre de 2026. El proceso deberá coordinarse con entidades nacionales e internacionales especializadas en manejo de fauna.