En Colombia, un obstáculo silencioso amenaza con frenar los grandes proyectos de infraestructura: la falta de pólizas de cumplimiento. El caso más evidente es la Línea 2 del Metro de Bogotá, que quedó desierta en su licitación justamente porque no permitieron que los oferentes presentaran estos seguros como garantía. Así lo denunció Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, la asociación gremial del sector asegurador, abriendo un debate incómodo sobre cuán decisivos son estos documentos para que las grandes obras salgan adelante.

Entender qué es una póliza de cumplimiento es simple: es básicamente un contrato de seguro que le dice al Estado "yo respondo si el contratista no termina el trabajo o lo hace mal". Cuando una empresa gana una licitación pública para construir una carretera, un puente o una línea de metro, debe demostrar de qué manera garantizará que cumplirá. La mayoría de veces, esa garantía viene de una aseguradora. De hecho, cerca del 99% de los procesos de licitación en el país usan seguros para esto. La alternativa son las garantías bancarias, pero resultan significativamente más costosas, y por eso menos del 1% de los contratistas recurre a ellas.

Morales explicó que existen varias modalidades para proteger tanto la obra como los intereses del Estado. El problema es cuando las reglas cambian a mitad del camino. En el caso del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, el gerente general de la entidad, aclaró que "las normas de la banca multilateral nos han llevado a que sea aprobada la propuesta con garantías bancarias por el monto del proyecto", enfatizando que no es una decisión propia de la empresa sino una exigencia externa.

Actualmente, apenas 18 empresas en Colombia manejan estas pólizas de cumplimiento. Pese a su aparente escasez, han permitido que se ejecuten megaproyectos como las carreteras de cuarta y quinta generación (4G y 5G), la concesión del aeropuerto de Bogotá (Opain) y la represa de Hidrosogamoso. El mecanismo funciona así: si el contratista no cumple, la entidad contratante puede exigir a la aseguradora que pague hasta el monto asegurado, y luego la aseguradora reclama ese dinero al contratista que incumplió.

Generalmente, en estos procesos se exigen dos pólizas diferentes. La primera, llamada de seriedad de la oferta, protege la etapa inicial: cubre situaciones como el retiro injustificado de una propuesta o cuando el ganador se arrepiente y no firma el contrato. La segunda, la de cumplimiento, es la que garantiza que la obra se ejecute correctamente, incluyendo su calidad, estabilidad y el pago de las multas que puedan derivarse del incumplimiento.

El costo de estas garantías varía según el tamaño del contrato. Para proyectos mayores a un millón de salarios mínimos, la garantía debe ser al menos del 10%. Conforme el proyecto es más grande, ese porcentaje baja: proyectos de cinco a diez millones de salarios requieren cobertura del 1%, y los superiores a diez millones apenas del 0,5%. Lo que preocupa a Fasecolda es que exigencias externas, como las de la banca multilateral, están limitando el uso de seguros, lo que ahuyenta a los contratistas y detiene las obras que el país necesita.