La financiación de medicamentos y tratamientos complejos en Colombia enfrenta un nuevo escollo. Los recursos destinados a Presupuestos Máximos (mecanismo que financia servicios de salud muy costosos o complejos que no cubre el plan básico) podrían agotarse en marzo si el Gobierno no realiza adiciones presupuestales inmediatas. Esto generaría retrasos en pagos a EPS, prestadores de servicios y proveedores de medicinas esenciales.

La Adres anunció hace poco que para 2026 hay 2,87 billones de pesos asignados a este rubro. Sin embargo, cuando se revisa la Resolución 185905 del 31 de diciembre de 2025, emerge un problema preocupante: cerca de 1,85 billones están destinados a saldar deudas de años anteriores, tanto del sistema contributivo como del subsidiado. Esto deja apenas 1,02 billones de pesos reales disponibles para cubrir los gastos del 2026: 707.960 millones para régimen contributivo y 312.043 millones para subsidiado.

Esta cantidad es insuficiente. Según datos del propio Ministerio de Salud, el gasto anual promedio en Presupuestos Máximos oscila entre 4 y 5 billones de pesos. Significa que el dinero disponible alcanza solo para dos meses y medio de servicios. Así de simple: el sistema llegaría a finales de abril sin recursos para seguir pagando.

Los impactos serían considerables en múltiples frentes. Bajo Presupuestos Máximos se financian medicamentos de última generación, tratamientos para enfermedades huérfanas y nutrición especializada. En 2025, dos medicamentos concentraron casi el 29 por ciento de las prescripciones fuera del plan básico: la liraglutida, prescrita a más de 65.000 personas para tratamiento de obesidad, y el orlistat. Pero también están las vacunas contra virus del papiloma humano, neumococo y meningococo, así como tratamientos para dolor crónico que figuran entre los más financiados por este mecanismo.

El problema de fondo es la improvisación en la planeación financiera. Durante este gobierno se han realizado alrededor de cinco adiciones presupuestales cada año para completar la financiación total. La Adres sostiene que este procedimiento es conocido por los actores del sistema y que en los últimos tres años no ha habido limitaciones formales. Sin embargo, esta modalidad genera incertidumbre constante entre EPS, prestadores y proveedores, dificulta la planeación y erosiona la confianza en la sostenibilidad del esquema.

El Gobierno se verá obligado nuevamente a hacer adiciones durante el año. Pero mientras eso sucede, el sistema sanitario ya aquejado por crisis financiera crónica, enfrenta el riesgo inmediato de quedarse sin recursos para pagar medicamentos y servicios esenciales en apenas unas semanas. Un escenario que refleja la fragilidad de un sistema que depende de parches mensuales en lugar de una financiación estructurada y predecible.