Medellín desmanteló red de contrabando de cigarrillos: incautaron más de 330 mil cajetillas ilegales
Autoridades de Medellín realizaron operativos coordinados que resultaron en la incautación de más de 330 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en más de 1.700 millones de pesos. Los decomisos ocurrieron en dos puntos estratégicos de la ciudad: una bodega en Belén y un vehículo interceptado en la avenida Regional. Las pérdidas fiscales por este tipo de delitos ya superan los 3.200 millones de pesos en lo que va del año.
Un golpe importante al comercio ilegal de cigarrillos se concretó en Medellín. Las autoridades departamentales y entidades nacionales coordinaron operativos que permitieron incautar más de 330 mil cajetillas de cigarrillos contrabandeados, mercancía que en el mercado negro habría dejado ganancias superiores a 1.700 millones de pesos.
Los operativos se ejecutaron en dos lugares diferentes de la capital antioqueña. En el sector de Belén, los uniformados encontraron una bodega repleta de más de 130 mil cajetillas que aparentemente esperaban ser distribuidas entre comerciantes ilegales de la ciudad. En otro procedimiento, realizado sobre la avenida Regional, fue interceptado un vehículo de carga que transportaba aproximadamente 200 mil unidades adicionales sin contar con la documentación legal que exigen las autoridades.
Lo preocupante del panorama es la escala de esta actividad delictiva. Apenas en lo corrido de este año, ya se han decomisado más de 640 mil cajetillas en Antioquia, un indicador claro de cuánto dinero ilegal circula a través de este negocio clandestino. La Gobernación señaló que estos delitos generan pérdidas fiscales significativas, porque los cigarrillos de contrabando no pagan los impuestos al consumo que deberían aportar a las arcas públicas. Se estima que el departamento ha dejado de recibir más de 3.200 millones de pesos en lo que va del año por este concepto, recursos que podrían haberse destinado a inversión social.
Las autoridades hicieron un llamado directo a los ciudadanos para que eviten comprar productos de origen ilegal y denuncien cualquier actividad sospechosa que detecten en sus barrios. Se trata, dijeron, de un compromiso colectivo para frenar una práctica que sigue dañando la economía regional y alimentando estructuras criminales.
Fuente original: Minuto30

