El sistema de salud colombiano se prepara para uno de los mayores reordenamientos administrativos de su historia. El Decreto 0182, expedido por el Gobierno Nacional el pasado 25 de febrero, ordena trasladar a 6 millones 519 mil 719 afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS) en apenas tres meses. Aunque el Ministerio de Salud lo presentó como un simple ejercicio técnico de reorganización territorial, expertos, académicos y organizaciones de pacientes han encendido las alertas sobre los riesgos reales que esto implica para la salud de millones de colombianos.

El cambio afectará al 12 por ciento de todos los afiliados del sistema. En la práctica, significa que millones de personas verán modificada su EPS sin haberlo solicitado, y tendrán que adaptarse a nuevas redes hospitalarias, médicos tratantes y procedimientos administrativos. El decreto crea criterios de habilitación territorial que obligan a varias aseguradoras a salir de ciertos municipios si no alcanzan niveles mínimos de afiliación. En ciudades grandes solo podrán operar las EPS que superen el 3 por ciento de los afiliados; en departamentos con más de dos millones de habitantes el umbral sube al 5 por ciento, y en territorios más pequeños puede llegar hasta el 15 por ciento.

Nueva EPS recibirá el mayor volumen de pacientes trasladados, pasando de 11,58 millones a 14,19 millones de afiliados en tres meses. Esto ha despertado especial preocupación debido a su situación financiera. Según datos de la Contraloría, la deuda de Nueva EPS creció 198 por ciento entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, pasando de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones. En 504 municipios del país solo quedará autorizada una EPS, lo que significa que en esos territorios los afiliados no tendrán alternativa real de asegurador.

Martha Herrera, directora de la Fundación Colombiana para las Enfermedades Huérfanas, explica que "el traslado masivo de usuarios no es un simple cambio administrativo de afiliación, como lo quieren hacer ver. En la práctica implica el traslado de procesos terapéuticos complejos que ya están en curso". El riesgo es particularmente alto en pacientes con enfermedades raras, cáncer, patologías respiratorias o condiciones crónicas de alta complejidad. Cuando un paciente está en medio de una terapia especializada como un ciclo de quimioterapia o un tratamiento biológico, cualquier cambio de asegurador puede generar revalidaciones de autorizaciones, modificaciones en la red de prestadores o demoras en medicamentos.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, sostiene que el decreto limita derechos fundamentales. "Los pacientes pierden el derecho a la libre elección y a la movilidad dentro del sistema", afirma. Álvaro Molina, vocero de la Mesa de Asociaciones de Usuarios, cuestiona la forma en que se ha presentado la medida y advierte que el impacto podría traducirse en mayores gastos de bolsillo para las familias. "Vamos a ver incremento en gastos de bolsillo y dificultades para las familias que tienen pacientes con enfermedades huérfanas o de alta complejidad", señala.

Luis Jorge Hernández, salubrista y profesor de la Universidad de los Andes, explica que los procesos de migración masiva suelen generar retrasos en autorizaciones, cambios en las redes de prestadores y dificultades para garantizar la continuidad de tratamientos. El impacto también puede afectar programas esenciales como el seguimiento de enfermedades crónicas, los controles materno-infantiles y las campañas de vacunación. Mientras las demandas contra el decreto avanzan en el Consejo de Estado, el traslado de más de seis millones de pacientes comenzará a sentirse en hospitales, farmacias y consultorios del país en los próximos meses.