En Barranquilla y otras ciudades del Atlántico, cientos de familias viven en angustia permanente por una situación que no debería existir: sus hijos con discapacidad no tienen acceso garantizado a los medicamentos que necesitan para vivir. Padres de familia y organizaciones de apoyo han levantado la voz denunciando que más de 500 menores con condiciones neurológicas, metabólicas y crónicas están en riesgo por culpa de desabastecimiento de fármacos y demoras en la atención de las EPS responsables de su cobertura.

La magnitud del problema es clara cuando se escuchan los testimonios. Hay niños que llevan semanas sin sus medicamentos antiepilépticos porque no hay disponibilidad en las farmacias institucionales. Hay otros cuyas enfermedades metabólicas requieren supervisión y medicación diaria, pero los retrasos han obligado a sus familias a gastar dinero que no tienen en farmacias privadas con precios que duelen en el bolsillo. Los medicamentos escasos no son cualquier cosa: son anticonvulsivos, antiepilépticos y otros fármacos especializados que solo ciertos menores necesitan para mantener su estabilidad clínica y evitar complicaciones graves.

El problema no es solo la falta de medicinas. Las EPS tardan semanas en responder a órdenes médicas vigentes, generando un caos administrativo que mientras tanto deja al niño sin tratamiento. Padres han relatado que, después de agotar los medicamentos que guardaban en casa, han tenido que improvisar posologías o buscar alternativas menos adecuadas simplemente porque nadie en la institución de salud se movió rápido. Todo esto genera una sensación de abandono que está quemando a familias ya exhaustas.

El impacto no es solo médico. Muchos padres han tenido que dejar sus empleos o reducir sus jornadas de trabajo para estar pendientes de la atención de sus hijos. En hogares que ya enfrentan múltiples dificultades, esta crisis de salud suma una presión económica y psicológica tremenda. El estrés de no saber si el medicamento llegará a tiempo es agotador.

Desde organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, están pidiendo a las autoridades que tomen acciones inmediatas. Proponen crear sistemas de alerta temprana para identificar cuándo escasean medicamentos críticos, fortalecer los contratos de suministro, y establecer una ventanilla única prioritaria para casos de discapacidad infantil. También sugieren una coordinación más estrecha entre las EPS, las secretarías de salud locales y los proveedores farmacéuticos para que la cadena de suministro sea estable y no dependa de trámites eternos.

Lo que está claro es que garantizar el acceso a medicamentos esenciales no es solo un asunto clínico. Es una obligación ética y legal que el sistema de salud tiene con los niños más vulnerables del Atlántico. Mientras siga sin resolverse, seguirá habiendo menores viviendo al borde de una crisis, y familias desgarradas por la impotencia de no poder protegerlos como debería serlo.