La violencia contra líderes políticos y sociales se ha convertido en una realidad preocupante en Colombia. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), el país registró alrededor de 427 agresiones en el último año. Estas no son solo números: tras ellos están amenazas concretas contra candidatos, concejales y figuras públicas que buscan participar en los procesos electorales.

Aunque la violencia se ha extendido por diferentes regiones, cinco departamentos concentran la mayoría de los casos: Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bogotá. Lo más alarmante es que en las zonas de paz, territorios que históricamente han sufrido por el conflicto armado, ocurrió más de la mitad de los asesinatos. Esto demuestra que en estos lugares donde se supone debería haber estabilidad, el riesgo sigue siendo extremo.

El liderazgo político ha sido el más golpeado. De las 427 agresiones registradas, 272 fueron contra candidatos y concejales, cifra que representa el 62,5% del total. Esto es particularmente grave porque muestra un incremento del 12,9% comparado con el ciclo electoral de 2022. Los líderes sociales ocupan el segundo lugar con 104 casos, aunque curiosamente esta categoría mostró una reducción del 62,6% frente a años anteriores. Los presidentes de Juntas de Acción Comunal también están bajo amenaza, con 59 ataques documentados.

Las cifras se desglosan en 228 amenazas, 103 asesinatos, 32 secuestros y 64 atentados. El 62,5% de estos casos afectó a personas vinculadas directamente al actual calendario electoral, lo que evidencia que la violencia está claramente dirigida a impedir la participación en procesos democráticos.

Las alertas no son teóricas. Pocos días antes de las elecciones presidenciales y las votaciones para Juntas de Acción Comunal, el Gobierno fue notificado sobre posibles atentados contra figuras políticas como Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Al mismo tiempo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ha recibido amenazas. Varios líderes sociales también denunciaron presiones para que abandonen sus candidaturas o respalden a políticos específicos.

La situación refleja un desafío mayor para la democracia colombiana: garantizar que los ciudadanos puedan participar en procesos electorales sin temer por sus vidas.