La paciencia de la Fiscalía se agotó. Luis Edmundo Suárez, quien fue viceministro de Defensa, simplemente no aparece a las audiencias del polémico caso de los helicópteros MI-17 del Ejército. Cansados de las excusas, los fiscales le pidieron a una jueza que lo declare en contumacia, es decir, que avance el proceso judicial sin que él esté presente, aunque no quiera participar.

El exfuncionario ha argumentado problemas de salud para justificar sus ausencias. Aseguró que fue operado de la cadera y que ni siquiera podía conectarse a internet para participar virtualmente. Pero aquí viene lo que inclinó la balanza: Medicina Legal revisó su historia clínica y llegó a la conclusión de que Suárez sí está en condiciones de comparecer de forma virtual. Eso deja su excusa en entredicho.

Lo que refuerza las sospechas es un descubrimiento que hizo más ruido aún. Mientras falta a las audiencias diciendo que no puede moverse, Suárez tiene un contrato vigente de asesoría con la Universidad Militar Militar Nueva Granada por más de 63 millones de pesos. Si tiene salud para trabajar y cobrar dinero, razona la Fiscalía, también la tiene para responder ante un juez. Además, no es la primera vez que intenta evadir sus responsabilidades: antes había faltado alegando otros compromisos o solicitando que su caso pasara a otra corte para ganar tiempo.

El trasfondo de todo esto es un escándalo presupuestal de proporciones considerables. A finales de 2025, la Contraloría detectó que se había pagado una suma importante de dinero para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 de la Fuerza Aérea Colombiana, pero el trabajo avanzó muy poco. Hoy, más del 55 por ciento de la flota sigue fuera de servicio. Es un caso clásico de dinero público que salió de las arcas del Estado pero cuyos resultados nunca llegaron.