En Jamundí, más de 3.400 niños enfrentan cada día una realidad que no debería tocar a ningún estudiante: el miedo a salir de casa rumbo al colegio. La violencia que ejercen grupos disidentes en esta región del Valle del Cauca ha obligado a las autoridades educativas a tomar una decisión drástica pero necesaria: enviar a los estudiantes de zonas rurales a clases virtuales para resguardarlos de los enfrentamientos.

Alexander Morales, secretario de Educación de Jamundí, explicó la medida de manera clara: "Desde la administración municipal y la secretaría de Educación de Jamundí se ha orientado a algunas de las instituciones educativas de la zona rural para la atención remota de estudiantes. Esto, con el objetivo de cuidar la vida de nuestras comunidades y garantizar su atención". Los corregimientos de Timba, Potrerito, San Antonio, Villa Colombia, Robles y La Liberia son los más afectados. Por ahora, esta modalidad regirá hasta el 15 de mayo, aunque la Alcaldía advierte que "su permanencia dependerá de los factores de seguridad que definan las autoridades correspondientes".

El desafío es enorme en territorios rurales donde internet es un lujo. La Secretaría de Educación ha ideado soluciones creativas: funciona tanto la conectividad virtual como telefónica, y cuando la señal falla en una casa, los vecinos se unen. Los funcionarios de la oficina de TIC visitan constantemente esos lugares para mejorar la cobertura. Como explicaron desde la Alcaldía, "de pronto uno no conecta, pero el vecino sí, entonces se reúnen en la casa tres o cuatro muchachos, y ven las clases". Además, maestros y padres mantienen contacto permanente por computador o teléfono para garantizar que ningún niño se quede atrás.

La gravedad de la situación se refleja en los hechos concretos. El 7 de mayo pasado, un ataque con drones y ráfagas de fusil contra la subestación de Policía de Robles obligó a encerrar a los estudiantes de una escuela cercana en sus aulas mientras el Ejército y la Policía respondían. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reveló cifras alarmantes: "Llevamos 98 ataques con drones, tanto al Ejército como a la Policía. Al primero en la zona alta de Jamundí. Ha habido cinco soldados heridos. Y a los segundos, en Potrerito y Robles". Solo en Robles, el 13 de mayo lanzaron 17 explosivos acoplados a drones.

Jamundí no es elegido al azar por estos grupos. Su posición geográfica lo convierte en un corredor estratégico que conecta el Cauca con el Valle y con Cali, la principal ciudad del Pacífico. Desde allí se accede a Buenaventura, puerto que mueve el 60 por ciento de la mercancía que entra y sale del país. Para las economías criminales, esto significa acceso a plataformas de exportación, zonas de cultivos ilícitos, centros de logística y ríos que sirven como corredores para mover armas, drogas y personas. Algunos de esos ríos tienen además yacimientos de oro explotados ilegalmente.

La gobernadora Toro ha pedido al Gobierno Nacional refuerzos urgentes: "necesitamos que el Gobierno Nacional y el Ministerio le puedan dar más anti drones al Ejército y a la Policía, de lo contrario va a ser muy difícil controlar estos ataques en Jamundí". Aunque la Gobernación entregó seis aparatos anti drones, estos no logran detectar los drones terroristas, dejando a soldados y policías en situación de vulnerabilidad.

A principios de mayo, la defensora del Pueblo Iris Marín estuvo en el municipio atendiendo las afectaciones a derechos humanos. La Defensoría ha emitido alertas tempranas documentando el deterioro de la seguridad. En medio de este caos, hay un derecho que no puede olvidarse: la educación de nuestros niños, hoy amenazada por la presencia de estos grupos armados.