Más de 300.000 casos de violencia sexual contra menores en ocho años: la punta del iceberg en Colombia

Un informe de Cifras y Conceptos y la Fundación Lucerito revela que entre 2018 y 2026 se registraron más de 300.000 casos de violencia sexual contra menores en Colombia, pero expertos advierten que esta cifra es solo una fracción de la realidad debido al subregistro y la falta de coordinación entre instituciones. El problema es estructural: ocurre principalmente en hogares y escuelas, afecta desproporcionadamente a niñas, y cada vez inicia a edades más tempranas. Además, internet se ha convertido en un nuevo escenario donde prospera la explotación sexual digital de menores.
Colombia enfrenta una crisis silenciosa de violencia sexual contra menores que trasciende lo que las cifras oficiales revelan. Un análisis de la firma Cifras y Conceptos junto con la Fundación Lucerito documentó que desde 2018 se han registrado al menos 302.864 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Pero lo más preocupante es que esto representa apenas una fracción del panorama real, según los investigadores. "El Estado colombiano no tiene un conocimiento claro de cuál es el volumen total de abusos contra niños, niñas y adolescentes. Lo que conocemos es una fracción del panorama real", afirmó César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos.
El panorama de impunidad es alarmante. De los más de 300.000 casos reportados al Instituto Nacional de Salud e integrados en el análisis, solo 103.372 se encuentran activos en procesos penales. De estos últimos, apenas 85.000 están en indagación inicial, 16.000 han avanzado a juicio y solamente 74 están en ejecución de penas. Esta desproporción refleja un problema estructural de desarticulación institucional. Caballero explicó que "hay una enorme desarticulación institucional. Parece que ni el ICBF, ni Medicina Legal ni la Fiscalía se sienten responsables de liderar este tema. No hay una entidad que esté encabezando la estrategia pública".
El informe revela patrones preocupantes. Las niñas representan entre el 84 y el 86 por ciento de los casos de abuso sexual reportados. Más alarmante aún: la edad en que ocurren estos delitos ha disminuido considerablemente. Mientras que hace algunos años eran más frecuentes entre los 15 y 17 años, ahora se concentran cada vez más en menores de 12 a 14 años. Los principales escenarios son el hogar, la escuela y entornos cercanos donde teóricamente debería garantizarse la protección de los menores.
Las consecuencias psicológicas son devastadoras. Según pruebas aplicadas por la Fundación Lucerito a menores víctimas, el 12,51 por ciento experimenta afectación emocional severa, mientras que el 45,77 por ciento sufre afectación moderada. Evaluaciones de ira con la herramienta STAXI-NA mostraron que el 32,31 por ciento de las víctimas presenta niveles altos de ira. Las emociones predominantes en estos menores son tristeza, enojo y desconfianza. Lorena Rincón, psicóloga infantil especializada en abuso sexual, advierte que "todo acto de violencia sexual genera afectaciones psicológicas y emocionales. Los efectos siempre están en las víctimas" incluso cuando el daño no es evidente clínicamente.
Un escenario invisible pero devastador es el abuso sexual digital. Entre 2023 y 2026 se registraron 131.261 reportes de material de explotación sexual de menores en línea. Datos del informe muestran que el 85 por ciento del contenido es autoproducido, es decir, son los mismos niños quienes graban o fotografían contenido sexual explícito tras ser víctimas de grooming (cuando adultos engañan a menores en internet para obtener material íntimo). También enfrentan sextorsión, donde les amenazan con difundir imágenes, y otras formas de abuso digital. La mayoría de casos ocurre en menores entre 4 y 13 años.
Los expertos coinciden en que la descoordinación institucional agrava todo. Diferentes entidades llevan sus propias estadísticas sin integración, lo que impide conocer la verdadera magnitud del problema. Caballero señaló que los técnicos de las instituciones públicas reconocen el mandato legal de trabajar articuladamente, pero "falta voluntad política, y el tema hasta el momento no ha sido prioritario en la agenda de los tomadores de decisiones". Para la psicóloga Esperanza Albarracín, proteger a los menores demanda mayor atención en los entornos virtuales: "Ya no basta con cuidar a nuestros niños de los peligros físicos, sino también de los virtuales".
Fuente original: El Tiempo - Vida