Imagina trabajar en tu finca durante años sin saber si realmente es tuya. Eso es lo que viven más de 3 de cada 10 trabajadores agrícolas en Colombia. Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestra que el 32% de los colombianos que laboran en tierras sufren de inseguridad jurídica, es decir, no tienen claridad legal sobre si les pertenece realmente lo que cultivan.

El problema es global pero particularmente grave en Colombia. En todo el mundo, solo el 35% de las tierras está documentada formalmente. Máximo Torero, economista jefe de la FAO, explicó la magnitud del asunto: "Más de mil millones de personas en el mundo se sienten inseguras sobre el derecho de sus tierras. Si las personas no tienen seguridad, no van a invertir. La gente piensa que tiene que trabajar, para luego posiblemente perderlo. Es fundamental lograr esos derechos". En otras palabras, cuando un campesino duda de que le roben lo que posee, prefiere no gastar dinero en mejorar sus cultivos o comprar herramientas. Es un círculo vicioso que perpetúa la pobreza rural.

En Colombia, la inseguridad es aún mayor en comunidades indígenas y afrodescendientes, grupos que históricamente han sido excluidos del sistema de propiedad formal. Para atacar este problema, la FAO ha insistido en acelerar el Catastro Multipropósito, un sistema que registra toda la información sobre los predios del país: qué hay, quién lo posee y qué valor tiene.

Las mujeres y los jóvenes cargan el peso más fuerte. Solo el 36% de los títulos de propiedad en Colombia están a nombre de mujeres, según Torero. Además, los jóvenes perciben entre 20 y 40% más inseguridad que los adultos sobre sus tierras. Con más del 25% de la población joven viviendo en zonas rurales, esto es un obstáculo grave para que la nueva generación vea futuro en la agricultura.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, respondió que el Gobierno ha avanzado en algo: "Hemos trabajado más de un 1.500.000 hectáreas en títulos colectivos durante este Gobierno. Esa cifra entra ya en la normalidad y seguramente nuestros indicadores avanzan". Sin embargo, los expertos de la FAO advierten que solo formalizar las tierras no es suficiente. Los campesinos también necesitan acceso a créditos bancarios y tecnología para que la legalización tenga un impacto real en sus ingresos. Eso requiere esfuerzos adicionales del Estado que aún no se ven completamente desarrollados.