La violencia sexual fue más que un efecto colateral del conflicto armado en Colombia. Fue una táctica deliberada. Tanto guerrillas como grupos paramilitares utilizaron el abuso sexual como instrumento de terror, control y dominación sobre poblaciones civiles desprotegidas. Lo documenta el informe final de la Comisión de la Verdad: entre 1985 y 2018 se registraron formalmente más de 22.000 casos de violencia sexual ligados a actores armados ilegales. Pero esa cifra, aunque alarmante, representa solo los casos que alguien se atrevió a denunciar en medio del miedo y el estigma.

La Jurisdicción Especial para la Paz ha confirmado que estos abusos siguieron patrones sistemáticos. De los más de 12.000 menores reclutados por las Farc documentados en el conflicto, una proporción significativa —especialmente niñas y adolescentes— sufrió violencia sexual, coerción reproductiva y relaciones forzadas. Estas prácticas violan gravemente el derecho internacional humanitario. Human Rights Watch ha reiterado que la impunidad rodea aproximadamente el 80 por ciento de estos delitos: solo una fracción menor fue investigada formalmente por la justicia ordinaria o transicional. El abuso no fue un episodio aislado. Fue sistemático, extendido y planificado.

Lo preocupante es que la violencia sexual no terminó con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. El centro de estudios Indepaz ha registrado que entre 2017 y 2025 persisten casos de explotación y abuso en zonas donde disidencias y grupos armados emergentes aún operan sin control estatal efectivo. La vulnerabilidad que crea la ausencia de Estado sigue siendo caldo de cultivo para delitos de alto impacto social.

Las cifras oficiales reflejan solo una parte de la tragedia real. Muchas víctimas nunca denunciaron por miedo, vergüenza o desconfianza en instituciones que las abandonaron. La Comisión de la Verdad concluyó que este tipo de violencia dejó secuelas que trascienden generaciones: no son solo heridas físicas, sino profundas cicatrices sociales que atraviesan familias enteras.

La Jurisdicción Especial para la Paz continúa investigando estos hechos, pero expertos y sobrevivientes coinciden en que la memoria numérica debe acompañarse con procesos de reparación integral real. Sin eso, las cifras siguen siendo solo números que reflejan vidas destrozadas sin que sus víctimas alcancen justicia ni sanación.