En un sector de salud ya bajo presión financiera, más de 200 clínicas y hospitales representados por Unips levantaron la voz para alertar sobre riesgos que podrían profundizar la crisis. A través de un comunicado, la organización expresó su "profunda preocupación" sobre los cambios recientes en la Superintendencia Nacional de Salud y la designación de un nuevo agente interventor en Nueva EPS, uno de los principales aseguradores del país.

El gremio advierte que estos cambios no son hechos aislados, sino movimientos que ocurren en un momento particularmente crítico del sistema. Según Unips, el aseguramiento en salud requiere gobernanza estricta, continuidad técnica y reglas claras. La rotación en los liderazgos de supervisión e intervención podría generar discontinuidad en las estrategias de vigilancia, cambios abruptos en criterios administrativos y, lo más preocupante, un debilitamiento de la confianza entre los distintos actores del sistema de salud.

El punto más sensible es la gestión de Nueva EPS. Con la llegada del nuevo interventor, habrá revisión y posible redefinición de procesos críticos como la compra de servicios, auditoría y pagos. Esto podría traducirse en retrasos adicionales del flujo de dinero hacia las clínicas y ajustes en la priorización del gasto que afectarían la prestación de servicios. Para las instituciones prestadoras, esto significa mayor presión sobre su liquidez en un año ya descrito como particularmente exigente.

El sector habla de una "crisis de cartera sin precedentes". Cualquier alteración en la gestión del asegurador podría intensificar problemas existentes como la mora en pagos por servicios ya prestados y la acumulación de cuentas pendientes de auditoría. Unips advierte que esto incrementa el riesgo de iliquidez en las clínicas e incluso el cierre de servicios, especialmente en regiones donde la sostenibilidad financiera es más frágil. "Sin flujo oportuno de recursos, la sostenibilidad del sistema prestador se ve seriamente comprometida", señala el comunicado.

Al final, quienes sufren son los pacientes. El debilitamiento del aseguramiento podría generar interrupciones en tratamientos, restricciones en el acceso a servicios y deterioro en la calidad y oportunidad de la atención. También existe riesgo de que algunas clínicas cierren servicios a EPS intervenidas como consecuencia del no pago oportuno.

Unips hizo un llamado urgente al gobierno. Pide garantizar estabilidad técnica en la Superintendencia de Salud y Nueva EPS, que los procesos de intervención prioricen el flujo de recursos, el pago de la cartera vencida y la creación de espacios de diálogo técnico con los prestadores. El gremio insistió en que "el margen de maniobra de la red es prácticamente inexistente" y que sin previsibilidad regulatoria se podría presentar un deterioro acelerado de la capacidad instalada. Concluyeron que "la coyuntura actual no admite improvisaciones" y que el sistema requiere decisiones responsables y coordinación institucional.