En la madrugada del martes de Carnaval, dos hermanas adolescentes salieron de su casa en el barrio La Sierrita de Barranquilla con la promesa de regresar pronto. Nunca volvieron. Desde ese momento comenzó una pesadilla que su familia documentaría durante trece días: llamadas sin respuesta, visitas desesperadas a dependencias policiales y el sentimiento de que nadie realmente las estaba buscando mientras el tiempo se agotaba.

María Noriega Cruz, madre de Sheerydan Sofía de 14 años y Keyla Nicolle Hernández Noriega de 17, hizo lo que cualquier madre haría: acudió al Gaula de la Policía cuando descubrió la desaparición. Pronto llegaron las llamadas con exigencias: cinco millones de pesos por cada una. La familia recibió videos y fotos amenazantes, incluido uno donde apuntaban con un arma a la menor. Todo fue reportado a las autoridades. Todo fue entregado. Y, según cuenta Wendy Hernández Noriega, hermana mayor de las adolescentes, todo fue desestimado. "Decían que era un auto secuestro, que estaban jugando con nosotros", afirmó Wendy. "Nunca vieron los videos delante de mi mamá. No hacían nada". La angustia de esos trece días quedó grabada en ella: "Se me aparecía en sueños. No decía nada. No sabía si pedía que la buscaran. Yo no dormía".

La respuesta institucional llegó demasiado tarde. El 28 de febrero, dos cuerpos fueron hallados en una zona boscosa del sector Maranatha en Malambo, con signos de violencia. La identificación se confirmó el 2 de marzo por tatuajes que llevaban las adolescentes. Solo entonces, después del hallazgo de los restos, la Policía anunció la conformación de un grupo especial de investigadores de Policía Judicial e Inteligencia para esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

Lo que molesta profundamente a la familia no es solo el crimen, sino lo que vino antes. Wendy relata que incluso les mostraban fotografías de otras jóvenes durante la búsqueda, evidencia de confusión en las diligencias. La hipótesis del "auto secuestro" no solo retrasó acciones urgentes, sino que profundizó el dolor de una madre que iba todos los días esperando respuestas que nunca llegaban. Para ella y su familia, eso fue revictimización: "Se burlaban del dolor de mi mamá", dijo Wendy.

Expertos en seguridad señalan que en casos con indicios de extorsión y víctimas adolescentes, las primeras cuarenta y ocho horas son críticas. La coordinación entre Policía Judicial, inteligencia y análisis de comunicaciones puede ser determinante para salvar vidas. En este caso, esa respuesta inmediata no se sintió a tiempo. La familia también pide que se investigue a los novios con quienes fueron vistas por última vez y que aún no han dado explicaciones.

Hoy, mientras avanzan las investigaciones y la judicialización del caso, la exigencia de la familia es clara: no solo quieren justicia por el crimen, sino una revisión de los procedimientos que falló. "Que hagan justicia por mis hermanas, que esto no quede impune", pidió Wendy. Su clamor interpela a las autoridades sobre un debate más amplio: qué protocolos deben activarse cuando hay menores desaparecidas y videos de coacción en poder de las instituciones. Para esta madre que golpeó puertas durante trece días sin ser escuchada, esa respuesta llegó cuando ya era demasiado tarde.