La Corte Suprema de Justicia cerró la puerta a los recursos presentados por los abogados de Iván Name y Andrés Calle, pero dejó una ventana abierta: ordenó practicar nuevas pruebas testimoniales en el proceso que se adelanta contra los expresidentes del Congreso por el escándalo de la UNGRD. La decisión mantiene en firme los señalamientos en su contra, pero reconoce que aún hay espacio para aclarar algunos puntos que quedaron difusos durante la instrucción.

Name y Calle continúan detenidos en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota mientras avanza el proceso. Ambos fueron acusados por cohecho impropio y peculado agravado, delitos que les atribuye la Fiscalía por su supuesta participación en el desvío de recursos de la entidad. La defensa de Calle fue más lejos: pidió la nulidad de la acusación, argumentando que se fundamentaba en valoraciones deficientes de las pruebas y en testimonios incompletos.

El argumento central de la defensa apuntaba a que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien se acogió a un principio de oportunidad con la Fiscalía, había entregado información fragmentada. Según la teoría de la acusación, Calle habría recibido mil millones de pesos de manos de Pinilla a cambio de impulsar proyectos legislativos como la reforma pensional y la reforma a la salud. Los abogados cuestionaban que Pinilla mencionara supuestas transacciones en criptomonedas que nunca fueron completamente aclaradas.

La Corte no le dio la razón en esos puntos, pero sí reconoció que los derechos de defensa y contradicción no se agotan con el cierre de la instrucción. Por eso citó nuevamente a los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla para que confirmen o desmientan lo que han dicho. También convocó a Juan David García, quien fue asistente de Calle, y a Sandra Ortiz, exConsejera para las Regiones.

Con esta medida, el tribunal mantiene la acusación en pie pero abre una nueva etapa donde los acusados tendrán la oportunidad de confrontar más directamente a quienes los señalan. Es uno de los procesos más relevantes que ha dejado el escándalo de la UNGRD, el caso que sacudió al gobierno y expuso el desvío de recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres.