La salud se está comiendo el presupuesto de los hogares colombianos. No es una sensación: son números concretos del Dane que confirman que entre 2022 y 2025, las familias destinaron $10,5 billones adicionales a medicina, medicamentos y servicios de salud. Para entender esto en términos reales: mientras que en 2022 los hogares gastaban $59,7 billones al año en salud, para 2025 esa cifra saltó a $70,2 billones. Eso significa que la salud no solo cuesta más en números absolutos, sino que ocupa una porción cada vez mayor del dinero que ganan las familias colombianas.

Lo preocupante es la tendencia. Año tras año, sin parar. En 2023 el gasto fue de $63,7 billones, en 2024 llegó a $68 billones, y así sucesivamente. La participación de la salud en el presupuesto familiar crece constantemente: pasó de representar el 6,1% del producto interno bruto en 2022 al 6,9% en 2025. Para ponerlo en perspectiva, eso quiere decir que de cada peso que gana el país, casi el 7% se lo llevan los gastos en salud de las familias. Mientras esto sube, otros gastos básicos como transporte van quedando comprimidos en el presupuesto familiar.

Pero hay otro fenómeno más preocupante ocurriendo detrás de estos números, y tiene que ver con las medicinas. Cuando una EPS no entrega los medicamentos a tiempo o no los tiene disponibles, los pacientes no tienen otra opción que ir a la farmacia a comprar de su propio bolsillo. Las quejas formales por falta de medicamentos aumentaron 123% en el último año. Las cadenas farmacéuticas, viendo este hueco en el mercado, han intensificado promociones y descuentos para capturar esa demanda desesperada. Las personas no están comprando más medicinas por qué quieran gastar, sino porque el sistema de salud las ha expulsado del acceso gratuito que deberían tener.

Alexander Bermúdez, abogado especialista en salud, lo describe así: hay una "migración forzada del paciente, de ser un titular de derechos en el sistema de seguridad social en salud, a ser un consumidor de vendedores (farmacias) por necesidad de supervivencia". El gasto de bolsillo en salud, es decir, lo que paga directamente la gente sin mediación de su EPS, alcanzó los $14,5 billones en 2024. Eso representa el 16,8% de todo el gasto corriente en salud y se acerca peligrosamente a lo que la Organización Mundial de la Salud considera empobrecimiento catastrófico.

Las farmacias, por su lado, están tomando decisiones de supervivencia empresarial. Aunque las EPS supuestamente deben pagarles por los medicamentos que suministran, estas deudas son enormes y los plazos interminables: hay cuentas por cobrar que superan los 800 días sin pago. En total, las EPS adeudan más de $6,4 billones a los operadores del sistema. Ante esto, fortalecer el canal privado con descuentos es una forma de inyectar dinero líquido inmediato a sus operaciones. Además, con la entrada de nuevas regulaciones que reducirán los precios de medicamentos en 5,78%, las cadenas farmacéuticas apuestan más a vender volumen de medicinas de venta libre que a los medicamentos controlados.

Aunque estos descuentos alivian un poco el bolsillo de la clase media que compra medicamentos comunes, no resuelven el verdadero drama. El problema no es el acetaminofén: es que hay pacientes con enfermedades graves cuyas terapias cuestan 10, 15 o 20 millones de pesos mensuales. Esos gastos son los que realmente quiebran a las familias. Si el sistema permite que solo quienes tienen tarjeta de crédito puedan acceder a medicinas mientras los pacientes sin recursos quedan atrapados esperando respuestas de EPS insolventes, entonces estamos consolidando un sistema de salud donde el acceso depende del dinero en la cuenta, no del derecho a estar asegurado.