El borrador de decreto que prepara el Gobierno Petro en materia pensional tiene a la industria en vilo. La medida busca acelerar la transferencia de ahorros acumulados desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, el fondo público. Según las nuevas reglas, eso debe hacerse en máximo 15 días hábiles, movimiento que implicaría trasladar cerca de 25 billones de pesos.

Desde la superficie, la operación parece administrativa: quién administra el dinero de los pensionados. Pero el análisis de Anif revela algo más profundo. El traslado inmediato de esos recursos haría que el recién creado Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC) comience operaciones debilitado. "Los recursos que hoy se están ahorrando para pagar las pensiones de mañana ingresarían directamente a Colpensiones y se utilizarían para financiar el pago de mesadas actuales", según el documento que circula.

Lo crucial es entender qué pierde Colombia con esto. El FAPC estaba diseñado para acumular dinero en sus primeros años, generando rendimientos que fortalecieran el sistema antes de que el envejecimiento poblacional presione las finanzas. Si esos recursos se utilizan hoy para pagar pensiones presentes, ese período crítico de acumulación se pierde. Las proyecciones muestran que en 2030 la diferencia podría alcanzar 15,2 billones de pesos en menos ahorro disponible.

En lo inmediato, esto es buena noticia para el Presupuesto del Estado. Menos dinero que transferir significa menos agujero fiscal este año y los próximos. Pero aquí está el precio: ese alivio es temporal. Cuando el fondo llegue a 2030 con menos capitalización, su capacidad de generar rendimientos habrá disminuido. Eventualmente, esas reservas se agotarán más rápido de lo planeado. Entonces el Estado deberá cubrir el faltante con dinero del presupuesto general, lo que abre la puerta a aumentos de impuestos, ajuste de gastos u otro endeudamiento.

Hay un efecto adicional que pocos mencionan: los fondos de pensiones han sido actores importantes en el mercado de deuda pública colombiana. Al cambiar cómo se manejan estos recursos, se podría afectar la demanda de títulos del Gobierno, presionando al alza el costo de financiamiento del Estado en el mercado.

El dilema es claro: obtener aire fiscal hoy comprando problemas para después. La pregunta que deben responder los diseñadores de la reforma es si vale la pena sacrificar la solidez financiera del nuevo sistema pensional desde su punto de partida, solo para aliviar las cuentas fiscales en el corto plazo.