La Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá anunció la suspensión temporal de sus servicios a partir del 30 de abril de 2026 por una crisis financiera que la ha dejado sin recursos para operar. La institución informó a sus pacientes que la medida obedece principalmente a la falta de pagos oportunos por los servicios que ha prestado a través de las aseguradoras.

Según el comunicado firmado por el gerente general Hernán Fernández Ankudowicz, "la IPS atraviesa una situación financiera compleja, originada principalmente por la falta de pagos oportunos correspondientes a los servicios prestados". La entidad aclaró que esta es una suspensión temporal y expresó su esperanza de retomar actividades en algunos meses una vez se normalicen los pagos pendientes. "Esperamos que esta situación se regularice en el corto plazo. Confiamos en que, una vez se normalicen los pagos pendientes, podremos retomar nuestras actividades en un par de meses", agregó Fernández Ankudowicz.

Lo que ocurre en Bogotá refleja un problema mucho más grave que afecta hospitales y clínicas en toda Colombia. El Instituto Nacional de Cancerología, por ejemplo, anunció hace poco el cierre de sus servicios para nuevos pacientes afiliados a Nueva EPS, aseguradora intervenida desde abril de 2024. La deuda acumulada con esta aseguradora ascendía a cerca de 146 mil millones de pesos. Las cifras muestran cómo el problema se ha profundizado en poco tiempo: en marzo de 2024 la deuda era de 36 mil millones, pero para febrero de 2026 había escalado a 136 mil millones.

El panorama es similar en otras ciudades del país. En Antioquia, 37 hospitales públicos suspendieron servicios no urgentes por una deuda cercana a 170 mil millones de pesos. En Medellín, el Hospital Alma Máter limitó su atención solo a urgencias vitales, mientras que la Clínica Cardio VID suspendió tanto servicios ambulatorios como hospitalarios. En Manizales, el Hospital Santa Sofía dejó de atender a más de 500 mil usuarios por una deuda de 21 mil millones. Situaciones similares se repiten en Boyacá, Cali, Nariño y Casanare, donde instituciones de salud han tomado medidas drásticas para evitar colapsos mayores.

La raíz del problema está en las EPS intervenidas por el Gobierno, que han acumulado deudas enormes con los prestadores de servicios de salud (hospitales y clínicas). Esta falta de pago oportuno deja a estas instituciones sin dinero para pagar salarios, comprar medicamentos, mantener equipos y seguir operando. El resultado es que miles de pacientes, especialmente aquellos con enfermedades graves como el cáncer, ven interrumpida su atención médica.

La situación de la Liga Contra el Cáncer dependerá ahora de que se normalicen los pagos pendientes de las aseguradoras. Mientras tanto, sus pacientes quedan en la incertidumbre, en un sistema de salud donde la crisis financiera sigue siendo el obstáculo principal para que los colombianos reciban la atención que necesitan.