Hace dos años, cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro comenzó a intervenir varias EPS, la promesa era clara: el Estado tomaría el control de las aseguradoras más problemáticas para sanear sus finanzas, reconstruir sus redes de atención y, en definitiva, mejorar la experiencia de millones de colombianos. Sin embargo, los datos recopilados por la Superintendencia Nacional de Salud entre 2023 y 2026 cuentan una historia muy diferente.

Un análisis comparativo de las tasas de reclamos por cada 10.000 afiliados muestra que ninguna de las seis EPS actualmente bajo intervención estatal ha logrado una reducción sostenida de quejas. En cambio, la mayoría registra sus peores marcas históricas precisamente en 2026, años después de que comenzaran las medidas de control.

El caso de SOS es particularmente alarmante. En 2023 ya era la EPS con más quejas del régimen contributivo con una tasa de 122,67. Cuando llegó la intervención en abril de 2024, la cifra bajó brevemente a 93,39. Pero ese alivio fue temporal: en 2025 subió a 134,60 y en 2026 se disparó a 247,66, prácticamente duplicando sus propios registros de tres años atrás.

Famisanar y Nueva EPS, ambas intervenidas en abril de 2024, también muestran deterioro acelerado. Famisanar pasó de 80,95 reclamos por 10.000 afiliados en 2023 a 171,16 en 2026, la segunda tasa más alta del sistema contributivo ese año. Nueva EPS concentra por volumen absoluto el mayor número de quejas: casi 120.000 en solo el primer trimestre de 2026.

El caso de Emssanar fue la excepción aparente: bajo la intervención de Ulahy Beltrán en junio de 2023, la tasa bajó inicialmente de 61,47 a 52,03. Pero la mejora no se sostuvo. En 2025 subió a 60,71 y en 2026 alcanzó 75,09, el valor más alto de su historia. Patrones similares se repiten en Asmet Salud, Capresoca y otras aseguradoras bajo control estatal.

Para poner esto en contexto, el sistema de salud en general está empeorando. En el primer trimestre de 2026, se registraron 549.908 reclamos en todo el país, frente a 351.724 en 2024. Pero lo preocupante es que las EPS intervenidas se deterioran a un ritmo notablemente más rápido que las no intervenidas, lo que sugiere que sus problemas son más profundos que la crisis general del sector.

Incluso aquellas EPS que fueron intervenidas y luego devueltas a sus propietarios tras fallos judiciales, como Sanitas, Savia Salud y Coosalud, no mostraron mejoras sostenidas. Sus tasas de reclamos continuaron subiendo después de la devolución, alcanzando en algunos casos sus máximos históricos. El deterioro, parece claro, es anterior a cualquier decisión administrativa y requiere soluciones más profundas que las que han generado hasta ahora.