El sistema de salud colombiano atraviesa una de las mayores crisis desde que nació la Ley 100 en 1993. Así lo advierten las empresas aseguradoras del país, que este año registran más de dos millones de quejas y reclamos de ciudadanos, además de un aumento sin precedentes en demandas judiciales (tutelas) contra las EPS y dificultades crecientes para acceder a citas médicas, cirugías y medicamentos. Según Ana María Vesga, presidenta de Acemi, el gremio que agrupa a las aseguradoras, "el sistema enfrenta una crisis de atención, una crisis financiera y una crisis de confianza".

Por eso, desde las EPS desarrollaron un documento titulado "Propuestas para la estabilización, recuperación y fortalecimiento del sistema de salud en Colombia 2026-2030", presentado en exclusiva por El Tiempo. El objetivo es darle al próximo presidente una hoja de ruta para resolver la emergencia sin necesidad de una reforma estructural completa. La propuesta central gira alrededor de crear un "puesto de mando por la salud" bajo lo que llaman la estrategia "punta-pirámide": enfocarse primero en atender pacientes de alto riesgo como personas con cáncer, enfermedades huérfanas, trasplantados, pacientes crónicos, gestantes y niños.

Para lograr esto, Vesga explica que se necesitan recursos urgentes. El documento calcula que hacen falta cerca de 11 billones de pesos para corregir el rezago en la UPC (Unidad de Pago por Capitación, que es la cantidad de dinero que el Estado asigna por cada paciente afiliado) y pagar deudas pendientes por presupuestos máximos. "La UPC es a la salud lo que es el presupuesto a los gastos de una familia. Si la plata se calcula mal no hay cómo entregar fórmulas médicas, asignar citas, cumplir tratamientos o cuidar integralmente la salud de la gente", asegura Vesga.

Un punto especialmente crítico en el documento se refiere a las nueve EPS que han sido intervenidas por el gobierno en estos últimos tres años. Acemi sostiene que esas intervenciones no mejoraron la atención ni las finanzas de esas empresas, sino que las empeoraron. Según cifras que el gremio cita de informes de la Supersalud, las EPS intervenidas deterioraron sus patrimonios más de 320 por ciento y aumentaron sus pasivos en 163 por ciento. El problema es que estas entidades en crisis atienden a más de 18 millones de colombianos. Vesga señala que "no hay un solo caso de una EPS que después de intervenida se haya recuperado" y que la raíz del problema fue que se les desfinanció mientras estaban bajo control estatal.

El documento también plantea medidas que generan polémica. Una es depurar el régimen subsidiado identificando a personas que tienen capacidad de pago pero están clasificadas como pobres, para trasladarlas al régimen contributivo. Otra propuesta es eliminar el tope de cotización de 25 salarios mínimos para que los colombianos con ingresos más altos aporten más al sistema. También propone trasladar a los maestros afiliados al Fomag hacia el sistema general de salud, lo que según Acemi inyectaría recursos adicionales por 4.85 billones de pesos.

Cuando se le pregunta sobre la verdad incómoda que el país debe enfrentar, Vesga es clara: "Colombia, como ningún país del mundo, puede financiar servicios y tecnologías ilimitadas con recursos finitos". Señala que se necesita adoptar una lista positiva que defina qué será cubierto con dinero público y qué no, una conversación "tremendamente impopular" pero necesaria si se quiere un sistema sostenible en el tiempo. Además, advierte que los datos oficiales muestran que la venta de planes voluntarios de salud creció 46 por ciento entre 2022 y 2025, mientras que lo que los hogares gastan de su bolsillo en salud subió 47 por ciento, lo que sugiere que los colombianos están pagando más por su propia cuenta.