El sistema de salud colombiano enfrenta una tormenta perfecta. A los problemas estructurales que ya lo asfixiaban se suman ahora decisiones administrativas que, según el sector asegurador, generan más incertidumbre que soluciones. La designación de Daniel Quintero como superintendente Nacional de Salud y la llegada de Jorge Iván Ospina como agente interventor de Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con más de 11,5 millones de afiliados, han encendido las alarmas entre quienes operan el sistema desde adentro.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, el gremio que representa a las EPS del régimen contributivo, no lo expresó con rodeos en la entrevista con El Tiempo. Para ella, estos nombramientos envían un mensaje equivocado en el peor momento. "Cuando se plantea que ahora sí empieza la reforma, en medio de una crisis de atención, el mensaje que reciben los pacientes es de transición, no de solución", señala. El problema de fondo no es quién llega a los cargos, sino que Nueva EPS sigue deteriorándose bajo el esquema de intervención actual, lo que obliga a preguntarse: ¿qué está fallando realmente en el modelo?

La confianza institucional, según Vesga, es el activo más crítico del sistema de salud. Se construye con señales de rigor técnico y estabilidad, no con anuncios de confrontación. El país enfrenta una elección en unos meses, pero la salud no puede ser un escenario de debate electoral. "Los riesgos son concretos: interrupción de tratamientos, demoras en diagnósticos, dificultades en acceso a medicamentos esenciales", enumera la presidenta de Acemi. El impacto no es abstracto: son millones de personas esperando una cita, un medicamento, un diagnóstico.

Frente a la posibilidad de liquidaciones masivas de EPS como supuesta salida a la crisis, Vesga es contundente: "Liquidar no resuelve la crisis, la redistribuye y la amplifica". El sistema ya demostró que cerrar aseguradoras sin que otra entidad pueda absorber a sus afiliados solo genera más barreras. Hay EPS que funcionan bien, con usuarios satisfechos. Destruir lo que sí funciona solo profundiza el agujero.

Su propuesta es pragmática: un acuerdo mínimo de estabilización. Propone un plan de choque de 90 días que normalice tres cosas esenciales: flujo de recursos, entrega de medicamentos y operación de redes. "Los sistemas de salud no funcionan en entornos de incertidumbre permanente. Las reglas claras permiten operar, pagar y atender", sostiene. No pide cambios estructurales ni reformas ambiciosas en este momento. Solo pide que el gobierno actual deje el sistema funcionando, que no le herede al próximo una catástrofe mayor.

Vesga hace un llamado directo a construir desde ya, convocando a los actores del sector a trabajar juntos. "Pretender cambiar las reglas de juego a tres meses de la terminación de un gobierno no es sensato ni justo con los pacientes de Colombia", advierte. La solución de largo plazo, dice, le corresponde al próximo gobierno. Pero el deber de este es dejar las cosas funcionando. "El paciente no puede esperar", concluye.