Desde hoy, el Estado colombiano asume completamente la responsabilidad de fabricar, personalizar y entregar los pasaportes colombianos. Así lo confirmó la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, quien reveló un problema importante: ninguna aseguradora privada quiso meterse en este negocio. "Ninguna empresa privada aseguradora quiso asegurar este proceso. Ese es uno de los contratiempos que hemos tenido que enfrentar para llevar a cabo este proceso", explicó León en una rueda de prensa.

Por ahora, la fabricación se realiza en la Casa de la Moneda de Portugal, pero el Gobierno aspira a que en una década la Imprenta Nacional colombiana maneje el cien por ciento del proceso. El problema es que cuando se abrió la puerta para que aseguradoras como Mapfre, Mundial y Seguros del Estado se vincularan, encontraron una póliza que exigía cubrir 120.493 millones de pesos. Las garantías incluían coberturas del 20 por ciento para amparos, 5 por ciento para salarios, más otros porcentajes para prestaciones e indemnizaciones. Eso fue demasiado. Los requisitos se rebajaron dos veces hasta llegar a 37.000 millones de pesos, un recorte de 83.000 millones en apenas dos meses, para que La Previsora, la aseguradora estatal, pudiera asumir el riesgo sin quebrarse.

Las aseguradoras privadas vieron tres razones de peso para mantenerse lejos: el valor astronómico del contrato, que la Imprenta Nacional nunca ha hecho esto antes y que el proyecto está bajo la lupa de la Procuraduría. Este último punto no es menor. El organismo de control lleva meses investigando porque considera que no hubo un concurso transparente, que pudo adjudicarse "a dedo" y que le faltan estudios técnicos y planeación. "El Ministerio Público investigará el supuesto compromiso que se hizo de comprometer vigencias futuras de carácter excepcional que superan el periodo del Gobierno actual", señaló la Procuraduría.

El ente de control también cuestionó que la Casa de la Moneda de Portugal se considere entidad extranjera cuando técnicamente es una empresa, lo que pondría en duda si se aplicaron correctamente las leyes para contratación internacional. Incluso pidió al Tribunal de Cundinamarca que frenara el proceso, pero el Gobierno Nacional le cerró esa puerta, argumentando que por ser un negocio internacional debe investigarse por autoridades de esa índole.

Pese a las dudas y las investigaciones preliminares, desde la Imprenta Nacional y la Cancillería insisten en que el proyecto seguirá adelante sin tropiezos. León ha repetido que "los procesos se encuentran en su fase inicial y en ningún momento constituyen sentencia desfavorable alguna contra el Fondo Rotatorio ni contra las entidades vinculadas al nuevo modelo de pasaportes". La Imprenta dice tener todos los requisitos de ejecución, incluyendo pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil. Lo cierto es que el nerviosismo de las aseguradoras privadas habla por sí solo sobre los riesgos que detectaron en un proyecto que el Gobierno presentó como histórico.