Hace casi dos años, dentro de Ecopetrol ya se sabía que algo podía salir mal. En agosto de 2023, la compañía encargó informes a prestigiosas firmas internacionales para analizar los posibles riesgos que representaba la permanencia de Ricardo Roa en la presidencia. Lo que parecía entonces un ejercicio rutinario de prevención hoy adquiere un significado completamente distinto: varios de esos escenarios que se plantearon como hipótesis ahora son realidad judicial.

El informe que la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento encargó bajo el título "Debida Diligencia y Recomendaciones Presidente Roa" incluyó análisis de firmas como Shearman & Sterling y Miller & Chevalier. Ambas coincidieron en que en ese momento no había razón para apartar a Roa de sus funciones porque "a la fecha, no existe investigación formal", pero dejaron una advertencia clara: era necesario un monitoreo constante y la creación de un comité especial en la junta directiva para hacer seguimiento. Lo más preocupante para la empresa no era solo una eventual sanción legal contra su presidente, sino algo mucho más amenazante: la posibilidad de que los auditores externos perdieran confianza en la presentación de los estados financieros de la compañía. Si eso pasaba, la credibilidad de Ecopetrol ante inversionistas y mercados podría deteriorarse gravemente.

Unos meses después, en marzo de 2024, la consultora Control Risks profundizó en este análisis. El informe que entregaron describía una escalada de riesgos bien definida. Planteaban el escenario de una imputación contra Roa por su participación en la campaña presidencial de 2022, lo que traería consigo mayor escrutinio político y cuestionamientos sobre cómo gobierna la empresa. Pero el documento iba más lejos: también contemplaba investigaciones formales en Colombia relacionadas con presunta influencia indebida en la adjudicación de contratos con el Estado y conflictos de interés en decisiones empresariales. El escenario más crítico era el de investigaciones en Estados Unidos. El informe señalaba que este panorama era "creíble en un plazo de 6 a 18 meses" y que la información pública disponible sobre las relaciones de Roa "podría ser suficiente para provocar una investigación preliminar por parte de la SEC". Para Ecopetrol, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, esto era particularmente delicado.

Hoy, dos años después, lo que se escribió como hipótesis se está convirtiendo en procedimiento judicial. La Fiscalía ya imputó a Ricardo Roa por tráfico de influencias. El caso gira en torno a la compra de un apartamento en Bogotá por 1.800 millones de pesos, un precio que quedó 34 por ciento por debajo del valor de mercado estimado en 2.727 millones. Según la investigación, ese negocio habría motivado a Roa a favorecer al empresario vinculado a la operación, presuntamente interviniendo para direccionar contratos de proyectos energéticos en Hocol, filial de Ecopetrol. El expediente describe reuniones donde, de acuerdo con la Fiscalía, Roa habría gestionado que un proyecto de regasificación fuera otorgado a una empresa del mismo círculo. Para los acusadores, el asunto no está en la compra del apartamento en sí, sino en cómo se utilizó la posición de poder: convertir un beneficio privado en influencia sobre decisiones públicas y corporativas.

A esto se suma otro frente judicial: la posible imputación por violación de topes electorales, que ampliaría aún más el rango de problemas legales que enfrenta Roa. Para Ecopetrol, la situación representa exactamente lo que los informes de 2023 y 2024 anticipaban: una confluencia de riesgos legales, reputacionales y de mercado que ponen a prueba la gobernanza de la compañía. Con inversionistas internacionales atentos, auditores vigilantes y reguladores en varios países escrutando sus decisiones, el caso demuestra cómo las advertencias corporativas pueden transformarse rápidamente en crisis reales.