En Támesis, un municipio al suroeste de Antioquia, ha estallado una disputa legal que enfrenta a la administración municipal contra los investigadores responsables de una obra de investigación indígena. El punto de quiebre es la titularidad de los derechos de autor sobre el Diccionario de Petroglifos, un proyecto que documenta el arte rupestre y la memoria oral de las comunidades locales.

Todo comenzó con un contrato de 25 millones de pesos, financiado en 2024 por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para un proyecto llamado "Támesis, Resguardo de Petroglifos: Diseño Museográfico para la difusión de la memoria oral indígena y del conocimiento científico sobre el arte rupestre". La municipalidad suscribió dos contratos de prestación de servicios en diciembre de 2024 con los investigadores John Esteban Ardila Espinosa y Juan Pablo Arteaga Peña.

Aquí es donde comienza el conflicto. La Alcaldía sostiene que en los contratos quedó expresamente establecido que todos los derechos patrimoniales y de propiedad intelectual de los productos derivados le corresponden al municipio "sin límites de tiempo ni territorio". Bajo esa lectura, considera que el uso del material en la "Calle de las Mitológicas" y en la exhibición física del diccionario está completamente respaldado legalmente.

Sin embargo, los investigadores no están de acuerdo. Argumentan que el Diccionario de Petroglifos es una obra preexistente a esos contratos de diciembre, protegida desde el momento mismo de su creación según la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Presentan pruebas contundentes: el material tiene registro ISBN oficial, está registrado ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor desde noviembre de 2024, y aparece en el Catálogo de la Biblioteca Nacional.

Los creadores agregan que en la plataforma SECOP II, el sistema oficial de contratación estatal, dejaron una aclaración previa advirtiendo que no cedían los derechos sobre las obras preexistentes. Las actas de entrega que aportaron muestran claramente restricciones de uso y derivación. Además, señalan que el contrato aún no ha sido liquidado y que la propia Alcaldía les ha reconocido formalmente como autores en las fichas del museo.

La tensión refleja un debate más amplio sobre quién tiene el derecho a beneficiarse del conocimiento y la creatividad indígena. Mientras la municipalidad ve una herramienta institucional para su patrimonio urbano, los investigadores defienden su creación intelectual frente a lo que consideran una apropiación sin consentimiento. El caso tendrá que resolverse en los juzgados.