En Briceño, un municipio de apenas 8.500 habitantes, la guerra ya no es solo noticia de periódicos lejanos. Es la realidad que obliga a cerrar escuelas, a que los funcionarios públicos abandonen sus escritorios y a que la gente prefiera quedarse en casa. El conflicto entre grupos armados ilegales ha tomado la vida civil de tal forma que hasta quienes tienen la responsabilidad de defender derechos han tenido que salir corriendo.

Wilmer Moreno fue personero municipal durante dos años. Su trabajo consistía en recibir denuncias, defender a víctimas, documentar lo que sucedía. Solo en el último año pasó más de dos mil declaraciones de gente que había sufrido por el conflicto. Pero el miedo pudo más. El pasado 9 de abril presentó su renuncia. No fue una decisión caprichosa: fue por temor a que le costara la vida quedarse en territorio donde disidencias y el Clan del Golfo disputan el control.

La paralización es casi total. Los colegios suspendieron clases porque los maestros tienen miedo de recorrer las veredas. Algunos docentes ya renunciaron. El concejo municipal no se reúne. El alcalde tuvo que irse a Medellín para despachar desde allá. Más de 163 personas se vieron obligadas a desplazarse hacia el casco urbano buscando algo de seguridad. El comercio sigue funcionando, pero sus dueños viven en tensión constante, sabiendo que cualquier día la violencia puede volver a estallar.

Por las calles de Briceño reina un silencio pesado, incómodo. La gente casi no habla de lo que pasa, quizá por miedo, quizá porque ya no hay palabras suficientes para describir la situación. La vida sigue, pero no es vida: es supervivencia. Y cuando llega el punto en que hasta el funcionario encargado de defender derechos tiene que irse, queda claro que algo en ese territorio se rompió hace tiempo y nadie sabe cómo arreglarlo.