La alarma está encendida en las principales ciudades del país. Un análisis de Asocapitales ha sacado a la luz que al menos 11 alcaldes de capitales han sido blanco de amenazas de muerte o advertencias sobre posibles atentados durante los últimos dos años. Se trata de un problema que no es ni espontáneo ni aislado, sino que responde a un patrón que se repite en diferentes regiones.

El informe, que cubre el período entre 2024 y abril de 2026, muestra que esta ola de intimidaciones ha trascendido a los mandatarios locales. También han alcanzado a funcionarios y equipos de trabajo de las administraciones, complicando aún más el panorama de seguridad en el territorio. En ciudades como Cúcuta, Cartagena y Florencia se han registrado amenazas directas contra los alcaldes, mientras que en Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá las autoridades han detectado movimientos sospechosos que sugieren posibles planes contra estos funcionarios.

El caso que recientemente revivió la discusión fue el de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, quien enfrentó amenazas y tuvo que pedir expresamente al Gobierno nacional que reforzara su esquema de seguridad personal. Este episodio puso nuevamente en la agenda pública un problema que venía creciendo silenciosamente.

Detrás de estas amenazas hay un patrón claro. Según el análisis de Asocapitales, las intimidaciones típicamente emergen cuando las alcaldías toman decisiones que afectan los negocios ilegales: operativos contra grupos criminales, controles del espacio público o campañas contra economías ilícitas. En otras palabras, los amenazadores buscan frenar la acción institucional.

Lo preocupante es que el acoso no se detiene en los alcaldes. También alcanza a sus familias y a los funcionarios que trabajan en primera línea, generando un efecto dominó que debilita el funcionamiento de las administraciones y la capacidad de gobernar. Para Asocapitales, esto va más allá de un problema de seguridad personal: es un intento sistemático por debilitar la autoridad del Estado en los territorios.

Ante este escenario, la respuesta debe ser contundente. Se necesita reforzar los esquemas de protección, mejorar las labores de inteligencia y priorizar las investigaciones para que estos casos no terminen en el archivo del olvido. Sin eso, el mensaje de los amenazadores seguirá ganando terreno.