La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba vive una de sus peores crisis administrativas en la historia reciente. En menos de dos años, la institución ha tenido que nombrar siete rectores encargados para dirigir la universidad, mientras un rector en propiedad no logra consolidarse en el cargo. Este caos administrativo ha generado enfrentamientos judiciales, acusaciones de corrupción y una profunda desestabilización académica que ha golpeado duramente a la comunidad educativa.

El drama más reciente ocurrió en junio de 2026, cuando una orden judicial del Juzgado Cuarto Penal de Quibdó suspendió el proceso de designación de rector en propiedad, obligando nuevamente al Consejo Superior Universitario a nombrar a una rectora encargada. Esta vez recayó en Lida Graciela Martínez Asprilla, decana de la Facultad de Derecho, quien asumió el encargo mientras se define quién dirigirá la universidad durante el período 2026-2029. La determinación fue formalizada mediante la Resolución No. 0013 de junio de 2026, también anunciada por el Ministerio de Educación.

La orden judicial que congeló la designación del rector en propiedad responde a un conflicto relacionado con la representación del estamento de egresados en el Consejo Superior. Según la tutela presentada, el actual Consejo no puede elegir rector porque habría un vacío en la representación de los egresados. El problema es que en lugar de convocar a elecciones para que los egresados eligieran a su representante, el Ministerio de Educación dispuso que ocupara ese lugar Kathleen Hasleidy Palacios Asprilla. Es decir, el Gobierno eligió el representante de un estamento que debería elegir democráticamente a su propio delegado.

Los números muestran el deterioro que vive la universidad. Entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025, la institución perdió 4.077 estudiantes, lo que representa una caída del 28 por ciento. La matrícula pasó de 14.699 a 10.622 estudiantes en solo un año y medio. A esto se suma la inestabilidad académica: entre finales de 2024 e inicios de 2025 hubo cuatro meses sin clases debido a la interrupción del calendario académico. Desde entonces, las interrupciones por paros y asambleas han sido frecuentes, y todavía no hay normalidad total en las actividades docentes.

La crisis comenzó el 11 de julio de 2024, cuando el Ministerio de Educación suspendió por un año a David Emilio Mosquera Valencia, entonces rector en propiedad, debido a irregularidades en su gestión que derivaron en procesos penales. Desde ese momento, la universidad ha sido gobernada por una sucesión de funcionarios encargados. El vicerrector Fabio Magdaleno Asprilla Moreno ocupó el cargo en noviembre de 2024, pero en mayo de 2025 el Juzgado Segundo Penal Municipal de Quibdó ordenó que no podía acercarse ni ingresar a la institución en el marco de una investigación por falsedad en documento privado y fraude procesal.

La institución se encuentra bajo medidas de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación desde 2023, una situación que se ha agravado con tensiones políticas entre la Gobernación del Chocó y el Ministerio de Educación, ambas con representación en el Consejo Superior. Estos enfrentamientos se han intensificado por el nuevo escenario político nacional tras la elección presidencial. La universidad, que una vez fue reconocida por su desempeño en las Pruebas Saber Pro, ahora lucha por recuperar su estabilidad institucional mientras estudiantes, maestros y empleados administrativos viven en un ambiente de incertidumbre sobre el futuro de su institución.