La tutela que cambió todo: cómo un tribunal de La Guajira entregó una alcaldía contra la ley

El Tribunal Administrativo de La Guajira otorgó la credencial de alcalde a Micher Pérez en Fonseca, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral había revocado su inscripción como candidata antes de la votación. Una serie de decisiones judiciales, incluyendo medidas preventivas y órdenes de validación de votos, permitieron que una candidata legalmente inhabilitada llegara a la alcaldía. El columnista Fabio Clareth Olea Massa cuestiona si prevaleció el imperio de la ley o la conveniencia política.
En Fonseca pasó algo que cuesta trabajo creer. Micher Pérez recibió su credencial como alcaldía electa después de que el Consejo Nacional Electoral ya había revocado su inscripción como candidata. Lo que debería haber sido un trámite cerrado se convirtió en una batalla judicial donde, paso a paso, decisión a decisión, todo pareció estar diseñado para llegar a un solo destino: colocarla en la silla de la alcaldía.
Aquí viene lo más complicado de entender. Si una persona está inhabilitada para ser candidata, no puede participar en la elección. Es así de simple. El CNE, que es la autoridad competente, revocó la inscripción de Pérez antes del 3 de mayo. Pero el Tribunal Administrativo de La Guajira encontró la manera de ignorar eso.
Todo empezó cuando una jueza penal en San Juan del Cesar, sin tener competencia legal para hacerlo, decretó una medida provisional que la habilitó para participar en la votación. Aunque ese fallo fue dejado sin efectos después, la puerta ya estaba abierta. Luego vino lo que el columnista Fabio Clareth Olea Massa llama "tutelitis masiva": una ola de acciones de tutela ante el Tribunal Administrativo para salvar los votos de Pérez.
La magistrada María del Pilar Veloza decretó una medida preventiva el 4 de mayo, ignorando que la elección ya había ocurrido y que cualquier reclamo debería haberse hecho por otro camino legal. Después, la magistrada Ceilis Riveira ordenó validar los votos a favor de Pérez. Con eso, el camino ya estaba pavimentado.
La sentencia de fondo del 15 de mayo es la que más duele, según el análisis. No se entiende cómo se pueden amparar derechos políticos de alguien cuya inscripción fue revocada legalmente. No cierra lógicamente. No cierra con el sentido común. Y tampoco cierra con los principios del derecho. Tanto fue así que uno de los magistrados se apartó del fallo y otro presentó salvamento de voto, es decir, que ni siquiera el propio tribunal estuvo de acuerdo.
Lo grave es el mensaje que queda: cuando alguien ve que las reglas se flexionan, se reinterpretan o se acomodan para favorecer un resultado que ya parecía decidido, la confianza en la justicia se desmorona. Olea Massa lo resume bien: "Eso ya estaba cocinao", como dirían muchos abuelas colombianas cuando ven algo predeterminado desde el principio.
Fuente original: Guajira News

