La tarde del miércoles 20 de mayo quedará marcada en la memoria de Puerto Libertador. En zona rural del municipio, hombres armados atacaron a balazos a Adriana Gandía, una lideresa social comprometida con procesos comunitarios. Los disparos la hirieron en una de sus piernas, obligando a que fuera atendida de urgencia y trasladada a la Clínica Regional de Montelíbano, donde permanece bajo cuidado médico especializado. Su estado de salud se mantiene reservado.

El atentado volvió a encender las alarmas en una región que ya conoce demasiado bien el costo de defender los derechos y el territorio. Según relatos de la comunidad, todo sucedió rápido pero dejó un rastro de miedo. Las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos de la subregión del San Jorge no tardaron en reaccionar, advirtiendo que esto no es un hecho aislado. Los líderes comunitarios siguen siendo blancos en medio del conflicto armado que persiste en varias zonas rurales de Córdoba, enfrentando amenazas y riesgos que parecen no tener fin.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado quiénes están detrás del ataque ni cuál fue el móvil. Mientras avanza la investigación, comunidades y organizaciones sociales levantan la voz exigiendo garantías de seguridad reales para quienes se atreven a liderar y defender los derechos en el departamento. En Córdoba, trabajar por la comunidad sigue siendo un acto de valentía que cobra un precio muy alto.