La salud se convirtió en la principal preocupación de los colombianos durante el Gobierno de Gustavo Petro, desplazando a temas que históricamente dominaban la conversación pública como la corrupción, la inseguridad y el desempleo. Así lo demuestra el primer estudio independiente de percepción ciudadana sobre el sistema de salud, realizado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y Eureka Group. La investigación se basó en 1.560 encuestas presenciales en 47 municipios durante mayo de 2026.

Los números hablan claro sobre el grado de insatisfacción. El 26,1 % de los ciudadanos señala que la salud, por falta o mala prestación de servicios, es el problema más grave que enfrenta Colombia actualmente. Esta cifra supera ampliamente a la corrupción, que quedó en segundo lugar con apenas el 19,8 % de las menciones. Lo preocupante es que este descontento no viene solo de percepciones generales, sino de experiencias concretas que viven los colombianos a diario.

El estudio revela que las mayores dificultades se concentran entre quienes están afiliados a las siete EPS intervenidas por el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud: Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud, SOS y Capresoca. Cuando preguntaron si habían recibido el servicio médico que necesitaban, solo el 33 % de los afiliados a aseguradoras intervenidas respondió que lo obtuvo sin dificultades. En contraste, entre quienes pertenecen a EPS no intervenidas, ese porcentaje llegó al 49,5 %. Casi la mitad de los afiliados a EPS intervenidas aseguró haber recibido atención pero con dificultades, mientras que dos de cada diez dijeron no haber recibido el servicio que requerían.

El bolsillo de los hogares colombianos también está sintiendo el peso del sistema de salud. El estudio encontró que tres de cada diez colombianos tuvieron que sacar dinero de su propio bolsillo para acceder a servicios que debería cubrir el sistema. Pero la situación es aún más crítica en las EPS intervenidas: mientras el 22,2 % de usuarios de aseguradoras no intervenidas reportó pagos de bolsillo, esa cifra sube al 38,5 % en las intervenidas. Lo más alarmante es que aproximadamente el 22 % de la población destina más de $500.000 mensuales de su bolsillo para financiar servicios de salud, una carga económica significativa para miles de hogares colombianos.

Los medicamentos son otro punto sensible. Solo el 34,5 % de los encuestados afirmó haber recibido la totalidad de las medicinas que le formularon a través de su EPS. En las entidades intervenidas apenas el 25,3 % de sus afiliados recibe completos los medicamentos prescritos, mientras que el 17,1 % aseguró no recibir ninguno y tuvo que comprarlos con su dinero.

La negación de servicios también marca una brecha profunda entre ambos tipos de aseguradoras. El 15,6 % de los colombianos ha experimentado que le nieguen un servicio de salud que necesitaba, pero entre usuarios de EPS intervenidas esa proporción alcanza el 20,6 %. En las no intervenidas apenas llega al 10,5 %, lo que significa que la tasa de negación prácticamente se duplica en las entidades bajo intervención estatal.

Respecto al futuro, los colombianos mantienen una posición matizada. Aunque el 43,6 % está de acuerdo con una reforma al sistema de salud, solo el 30,4 % respalda la desaparición de las EPS. Además, el 57,6 % considera que tanto el Estado como el sector privado deben trabajar juntos en garantizar la atención. En general, los hallazgos muestran una ciudadanía que reconoce problemas profundos en la prestación de servicios, pero que prefiere corregir y fortalecer el modelo existente antes que reemplazarlo completamente.