El sistema de salud colombiano no inició el gobierno de Gustavo Petro en condiciones saludables. Arrastraba décadas de dificultades financieras, desigualdades entre regiones, deudas pendientes y EPS tambaleándose económicamente. Pero según expertos, pacientes y directivos del sector, las decisiones adoptadas durante estos últimos años no corrigieron esos problemas históricos. Por el contrario, aceleraron el colapso de un sistema que ya estaba en cuidados intensivos.

La metáfora que utilizan varios actores del sector es clara: se trataba de un enfermo crítico que requería una intervención compleja y bien planificada, pero que terminó recibiendo un tratamiento que agravó sus síntomas. Mientras el Gobierno insistía en que la crisis era heredada y defendía una transformación estructural del modelo, los números comenzaron a mostrar un deterioro creciente en distintas áreas.

Las primeras señales visibles aparecieron en la red hospitalaria. En diversas regiones del país se multiplicaron los cierres de sedes, la suspensión de servicios, la reducción de camas y problemas para mantener nóminas y especialistas. Instituciones como la Clínica Medical, la Clínica Universitaria Juan N. Corpas y la Liga Contra el Cáncer evidenciaron cómo la falta de dinero se tradujo en cirugías aplazadas, tratamientos interrumpidos, despidos de personal y barreras crecientes para los pacientes. Entre 2021 y 2025 cerraron 4.104 instituciones prestadoras de servicios en todo el país.

En paralelo, las EPS que el Gobierno intervino directamente, con la intención de mejorarlas bajo control estatal, registraron lo opuesto a lo esperado. Entre 2023 y 2025, las entonces ocho aseguradoras bajo intervención aumentaron sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en 51,4 por ciento, pasando de 623.636 a 944.072 casos. Expertos cuestionaban si estas intervenciones realmente corregían problemas o los profundizaban.

La deuda dentro del sistema no dejó de crecer. Hospitales denunciaron que buena parte de su patrimonio estaba atrapado en cuentas por cobrar irrecuperables. Según cifras de la Procuraduría General de la Nación, la deuda acumulada de las EPS asciende a 32,9 billones de pesos. Actualmente siete EPS se encuentran intervenidas por el Estado y concentran cerca de 20 millones de afiliados, es decir, casi la mitad de la población cubierta por el sistema.

La crisis también golpeó el acceso a medicamentos. Pacientes denunciaron retrasos en tratamientos, cancelación de citas, interrupción de terapias y dificultades para obtener medicamentos esenciales. Las organizaciones de usuarios advirtieron incluso sobre muertes evitables asociadas a estas barreras de acceso. Como reflejo de esta situación, en 2025 se presentaron 1,2 millones de tutelas en Colombia y casi 379.000 estuvieron relacionadas con salud. Esto significa que aproximadamente una de cada tres acciones legales constitucionales interpuestas en el país buscó garantizar atención médica o acceso a medicamentos que los usuarios no lograron obtener por los canales normales.

Un factor que amplificó la crisis fue la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (el recurso que financia la atención de los afiliados). Diversos sectores sostienen que los incrementos anuales de la UPC estuvieron muy por debajo del crecimiento real de los costos médicos, generando un déficit acumulado que impactó a EPS, hospitales y proveedores. La propia Corte Constitucional ordenó corregirla. El sistema arrastra un déficit estructural estimado en cerca de 30 billones de pesos.