La tranquilidad en la Universidad Nacional de Colombia se resquebrajó. La Rectoría sacudió a la comunidad académica al revelar un reporte sobre violencia, amenazas e intimidación que ha tocado a estudiantes, maestros y trabajadores en seis sedes del país durante los últimos dos años. Son 25 casos documentados que pintan un panorama preocupante: 11 estudiantes afectados, 7 docentes y 7 trabajadores administrativos. De esos hechos, nueve ya fueron denunciados ante la Fiscalía, mientras otros aún están bajo investigación con apoyo de autoridades estatales.

Los rostros de quienes han sufrido estas intimidaciones tienen nombres. Valentina Andrade, estudiante que apoya el proceso de reforma estatutaria, fue amenazada por su participación en debates académicos. También están Kevin David Arrigui, representante estudiantil crítico con esa misma reforma, y Gabriel Alejandro Gutiérrez Franco, quien recibió mensajes violentos que lo amenazaban de muerte. El rector José Ismael Peña fue claro en su respuesta: "Valentina Andrade, estudiante de la Universidad Nacional, fue amenazada por ejercer su derecho a participar. Eso es inaceptable. La Universidad está con ella, activa sus rutas de protección y acompañará todas las denuncias ante las autoridades competentes". La Rectoría también mencionó a Alejandro Ramírez Díaz, acosado en la Facultad de Ingeniería, además de estudiantes en Palmira, Bogotá y sedes regionales como La Paz y San Andrés.

Lo que comenzó como un debate académico sobre reformas institucionales se convirtió en un conflicto de mayor escala. Los enfrentamientos escalaron hasta los grafitis: en mayo pasado, el docente Diego Torres documentó mensajes amenazantes en las paredes cercanas a su oficina que decían "Fuera Torres", "muerte al facho". Días después, aparecieron grafitis contra Gabriel Gutiérrez con mensajes aún más agresivos: "Nazi, sigue a tu líder y mátate", "los nazis muertos son inofensivos", "Gabriel Gutiérrez, te estamos buscando, nazi de mierda". Las sedes regionales no quedaron fuera: un estudiante indígena fue amenazado por redes digitales, mientras otro tuvo que abandonar su territorio por presiones que se atribuyeron al ELN.

La "constituyente universitaria" es el detonante de esta crisis. Se trata de un proceso de reforma que busca replantear cómo funcionan los órganos de decisión, cómo se eligen autoridades como el rector, y cómo participa la comunidad. Tiene apoyo en el Consejo Superior Universitario, pero ha dividido profundamente a estudiantes, docentes y administrativos. De un lado están quienes ven en ella una oportunidad de democratización; del otro, quienes creen que amenaza la autonomía universitaria. La tensión se agravó cuando aparecieron denuncias sobre uso político del espacio académico. Incluso circuló una foto de Maria Alejandra Rojas, delegada del presidente Gustavo Petro, apoyando públicamente al candidato presidencial Iván Cepeda en sesiones del Consejo Superior. Eso encendió las alarmas de quienes ven aquí una infiltración política en la academia.

Frente a la crisis, la administración universitaria activó un Protocolo Integral de Actuación contra amenazas y agresiones. El plan incluye apoyo psicosocial, orientación jurídica, rutas de denuncia y medidas de seguridad física que van desde esquemas de protección hasta traslados entre sedes cuando es necesario. La Rectoría insistió en que detrás de cada caso hay una historia de vida que merece protección y garantías.

El llamado final fue al diálogo. Como parte de su "Año de la Paz", la Universidad Nacional hizo un pronunciamiento que sintetizaba su angustia: "La violencia no construye, no convence y no gana. Siéntense a dialogar". Un mensaje que refleja la urgencia de cerrar una brecha que se ha vuelto imposible ignorar en los pasillos del campus más importante del país.