Un problema serio se cierne sobre Santa Marta. La Superintendencia de Transporte sacó a la luz un listado de entidades que habrían operado sistemas de fotomultas sin contar con la aprobación técnica que exige la ley, y la Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de nuestra ciudad aparece en esa relación incómoda. También están incluidos otros municipios del Magdalena como Ciénaga, Fundación y la Oficina de Tránsito Departamental.

Lo que está en juego es la validez de miles de comparendos. Según la investigación del ente de control, estas entidades operaron cámaras de fotomultas sin contar con el concepto de desempeño del Instituto Nacional de Metrología, un requisito obligatorio que garantiza que esos sistemas funcionen correctamente y que las sanciones sean legales y confiables. Sin este aval, cualquier multa impuesta queda cuestionada.

A escala nacional, el panorama es aún más preocupante. La Superintendencia detectó irregularidades en 37 organismos de tránsito de todo el país, lo que significa que más de 5,8 millones de comparendos podrían ser revisados o anulados. En el caso de Santa Marta, el asunto adquiere particular importancia porque las fotomultas son una de las principales herramientas que utiliza la ciudad para regular el tráfico vehicular.

La recomendación que hacen las autoridades a los ciudadanos es clara: revisen las fechas de sus multas y verifiquen si fueron impuestas dentro de los periodos que la Superintendencia señaló. Si las suyas caen en esos rangos, podrían ser objeto de revisión o eventual anulación.

Hasta ahora, la Secretaría de Movilidad de Santa Marta no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas observaciones del ente de control. La ciudad espera respuestas sobre qué pasará con esos comparendos y cómo se resolverá esta situación que afecta directamente a miles de conductores.