Kevin Arley Acosta tenía apenas 7 años cuando una caída de bicicleta en el Huila lo llevó al hospital el 8 de febrero de 2026. El niño sufría de hemofilia A severa, una enfermedad en la que la sangre no coagula adecuadamente, lo que genera hemorragias descontroladas. Durante 24 horas estuvo sangrando por la nariz y por un oído, mientras su madre Yudy Katerine Pico suplicaba por el medicamento que necesitaba para detener la hemorragia. El traslado a Bogotá llegó casi hasta las 5 de la tarde del lunes. Kevin no sobrevivió.

Meses antes de la caída, en diciembre de 2025, la Nueva EPS había enviado una carta a la familia diciendo que ya no cubriría el tratamiento del niño. Ese medicamento, que previene los episodios de sangrado en hemofílicos, cuesta hasta 11 mil dólares mensuales. Cuando Kevin necesitó de urgencia ser trasladado a la capital para recibir atención especializada, su madre enfrentó los mismos obstáculos: esperas, autorizaciones pendientes, y una respuesta institucional que ella resume así: "ellos no hicieron nada".

Lo que ocurrió en el consejo de ministros el 16 de febrero desató una tormenta política. El presidente Gustavo Petro, en lugar de reconocer fallos del sistema sanitario, cuestionó las decisiones de la madre. "Si a un niño hemofílico no se le deja subir en la bicicleta, tiene menos riesgos, es un tema de prevención", expresó Petro. Su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, coincidió en que debían restringirle ese tipo de situaciones a menores con esta enfermedad.

La reacción fue inmediata y contundente. La Sociedad Colombiana de Pediatría rechazó "enfáticamente cualquier señalamiento que pretenda trasladar responsabilidades a las familias en medio de su dolor". Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud en gobiernos anteriores, calificó de "cínico y desvergonzado" al presidente por culpar a la mamá. Hasta la Defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que Kevin fue una víctima más de las fallas en el acceso a medicamentos que afectan a miles de colombianos.

Detrás de la muerte de Kevin está un sistema de salud bajo presión. Colombia tiene un modelo mixto donde las empresas prestadoras de salud reciben dinero del gobierno por cada persona afiliada, dinero que deben usar para cubrir tratamientos en instituciones prestadoras de servicios. El problema es que las EPS dicen no tener fondos suficientes. El gobierno Petro intervino varias EPS, incluyendo Nueva EPS la más grande del país, argumentando que había sobrecostos y corrupción. Pero un informe de la Procuraduría de diciembre de 2025 mostró que la situación empeoró: en Nueva EPS, el costo de prestar servicios pasó a superar los ingresos, llegando a un déficit de 4,4 billones de pesos en 2024.

Lo que sucede con Kevin no es aislado. Según la Procuraduría, cada vez más colombianos deben recurrir a acciones de tutela ante los juzgados para conseguir medicamentos que las EPS debería estar cubriendo. El primo de Kevin, Sergio Torres, reveló que otros cuatro miembros de su familia con hemofilia A severa tampoco estaban recibiendo tratamiento. "Somos 4 familiares en la misma situación y Kevin era el quinto", le contó a BBC Mundo.

La muerte de un niño de 7 años puso sobre la mesa un debate que el gobierno intentó desviar hacia responsabilidades familiares, pero que la sociedad colombiana insiste en ubicar donde la Procuraduría ya lo había señalado: en el deterioro progresivo de un sistema que está poniendo en riesgo la vida de miles de personas.