La industria carbonífera de Norte de Santander está viviendo lo que podría llamarse una tormenta perfecta, y el impacto no es solo en las minas: afecta directamente el bolsillo de casi 70 mil empleados y sus familias. En menos de tres años, la producción se hundió más de la mitad. De casi 5 millones de toneladas en 2022, pasó a apenas 2 millones en 2025. El resultado es que siete de cada diez minas en el departamento han tenido que cerrar.

El problema viene de todos lados a la vez. Los precios internacionales del carbón están en mínimos históricos por el exceso de inventarios globales. Al mismo tiempo, el dólar se debilitó, lo que golpea aún más porque el mineral se vende en dólares pero los costos son en pesos. A finales de 2025, los mineros recibían 210 mil pesos por tonelada de carbón térmico. En 2026, comenzaron pagando apenas 200 mil pesos. No alcanza para cubrir los gastos. Blanca Moncada, dueña de un título minero en Sardinata, tuvo que cerrar su operación dos veces el año pasado. "El año pasado ya no alcanzó para abrir un hueco y tapar otro financieramente hablando y tuvimos que parar dos veces", explica. Ella tiene 35 familias dependiendo de esa mina.

Pero además de los precios bajos y el dólar débil, el gobierno Nacional agravó la situación. Aumentó la autorrenta (un impuesto específico para minería) del 1,6% al 4,5%, y en enero añadió otro impuesto de emergencia del 1%. Para un sector que ya opera con márgenes ajustados, esto fue casi letal. Cerrar una mina y volverla a abrir es costoso y riesgoso, así que muchos operadores prefieren seguir produciendo a pérdida, confiando en que algún día los precios suban.

Otro golpe viene de Termotasajero, la única planta térmica del departamento. En lugar de comprar carbón directamente a los mineros como prometió hacer al inicio, compra gran parte a intermediarios que se quedan con parte de las ganancias. En Boyacá, la planta Termopaipa sí compra directamente a los productores a 245 mil pesos la tonelada. Esta diferencia es la que está manteniendo viva la minería en ese departamento.

Lo más grave para los mineros es que además de la crisis económica, enfrentan extorsión de grupos ilegales. Tanto el ELN como disidencias de las Farc cobran 3 mil a 4 mil pesos por tonelada extraída, según denuncias de productores que pidieron reserva por seguridad. "Cuando les manifestamos que esos 3.000 o 4.000 pesos que cobran cada uno por tonelada son indispensables para continuar en el negocio, la respuesta es: si no sirve el negocio entonces cierren la mina", contó uno de ellos. La extorsión no termina con los mineros: también la pagan transportistas, supermercados, vendedores y tenderos. Es una cadena de valor completa que se está hundiendo.

El sector del transporte también se fue al suelo. Los viajes de carbón cayeron más del 50% en 2025, según la Federación Colombiana de Transportadores. En 2024, la minería de carbón movió casi 800 mil millones de pesos en la economía departamental. Hoy esa cifra es una fracción.

Los analistas no ven luz al final del túnel en el corto plazo. Los precios internacionales seguirán bajos este año por exceso de oferta global y competencia de energías renovables. El dólar tampoco subirá rápido: expertos proyectan que permanecerá por debajo de 4 mil pesos el resto del año. Queda una esperanza: que Termotasajero cumpla su función social original y compre directamente a los productores. La otra solución sería que el gobierno reduce la autorrenta o las regalías, pero eso requeriría un cambio de gobierno. Mientras tanto, mineros como Diego Rodríguez, dueño de la mina Panamá, solo subsisten esperando mejores tiempos. "La verdad es que heredé el título minero de mi papá y yo no sé hacer nada más sino minería. Por el momento estamos solo subsistiendo y esperando que suba un poquito el precio del carbón para volver a ganar algo", dice.