La canción "El Cantor de los indios" grabada en 1979 por Adanies Díaz con Ismael Rudas lo dejó claro desde hace años: "Me siento orgulloso de sentirme un buen guajiro, de querer a mi tierra como quiero a mi filia, me siento feliz cuando se me trata de indio porque el indio es noble como mi tierra querida". Esas palabras de Romualdo Brito siguen resonando en La Guajira, especialmente ahora que el Consejo de Estado anuló el decreto que reglamentaba la denominada Línea Negra. El motivo de la nulidad es claro: no se realizó la consulta previa que exige la ley a las comunidades indígenas Wayuu asentadas en el territorio más septentrional de Colombia.

La decisión de la corporación fue acertada. El decreto fue expedido sin la participación transparente y representativa de quienes más directamente lo sentirían en sus tierras. Según el columnista Luis Eduardo Acosta Medina, quien firmó el acto administrativo lo hizo sobre la base de componentes espirituales y de usos y costumbres, sin medir que esto podría estar por encima de lo que la Constitución ordena. Peor aún, quienes participaron en la redacción del decreto no conocen realmente a estas comunidades ni miden las consecuencias de sus decisiones. Desconocieron artículos constitucionales clave como el 2, el 7, el 13, el 63 y el 246, que garantizan igualdad de derechos, autonomía y jurisdicción especial.

Lo grave es que esta falta de consulta propicia confrontación entre etnias que históricamente han sufrido malos tratos. Los indígenas Wayuu y también la población Afrodescendiente asentada en el territorio han recibido durante siglos un trato injusto. Abrir un conflicto entre ellos por decisiones tomadas a puerta cerrada y sin su voz es inadmisible. Acosta Medina lo ve claro: es probable que en el nivel de mandos medios del gobierno no se midió bien la vaina, porque no cree que el presidente Petro esté interesado en azuzar una pelea entre indígenas.

La Constitución de 1991 estableció un modelo de relación con grupos étnicos basado en el reconocimiento de su diferencia cultural como algo digno de respeto. Incluso Colombia incorporó el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a consultar a los pueblos interesados "cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente". No es un invento de las autoridades tradicionales Wayuu: es la ley.

El problema que señala el columnista es que la consulta previa no fue una fachada en este caso. Debió ser un diálogo real, con las autoridades tradicionales reconocidas, socializando qué se estaba haciendo, respetando sus creencias y usos y costumbres. La Corte Constitucional lo dejó sentado en la sentencia SU-039 de 1997: la consulta opera "no sólo tratándose de proyectos de explotación de recursos naturales en territorios de grupos étnicos, sino también en relación con aquellas medidas legislativas y administrativas, así como frente a la ejecución de proyectos, obras o actividades de diversa índole, susceptibles de afectarles de manera directa".

Ahora viene un nuevo decreto sobre la Línea Negra. Acosta Medina lanza una advertencia final que resuena en La Guajira: hay que hacer bien la consulta esta vez, sin engaños, con buena fe y buscando realmente llegar a acuerdos. Porque si se repite el error, el conflicto que se evitó podría regresar, y esta vez con raíces más profundas.