En medio de tensiones por la inseguridad que golpea La Guajira, la Asamblea Departamental abrió un espacio de confrontación directa con el Gobierno nacional. El martes 28 de abril, durante una sesión plenaria, se llevó a cabo una audiencia pública donde representantes locales, militares y organismos de control se sentaron a analizar qué está pasando con la seguridad ciudadana en el departamento.

La iniciativa la impulsó el diputado Arnoldo Marulanda Brito, quien consideró necesario presionar sobre las condiciones de inseguridad que afectan a varios municipios de la región. Lo interesante fue que durante el debate, el secretario de Gobierno Departamental, Misael Velásquez Granadillo, no se guardó la crítica y señaló que, a su juicio, las estrategias que está implementando el Gobierno nacional simplemente no están dando resultado en La Guajira.

A la audiencia llegaron comandantes de unidades militares que operan en el territorio: el Batallón Cartagena de Riohacha, el Batallón Rondón de Buenavista y el Batallón Matamoros de Albania. También asistieron delegados de la Procuraduría, la Fiscalía, la Personería de Riohacha, la Alcaldía Distrital y Migración Colombia. Sin embargo, hubo ausencias notables: no se presentaron altos mandos militares del nivel nacional ni alcaldes municipales, lo que da una idea del distanciamiento entre la administración central y los territorios.

En la jornada, los diputados fueron coincidentes en un punto: necesitan que Bogotá actúe con más decisión. Plantearon la urgencia de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en el territorio y articule mejor sus estrategias de control. La inseguridad en La Guajira no es un problema nuevo, pero al parecer la paciencia de los representantes locales se está agotando.