La Guajira está a punto de cumplir 61 años como departamento, pero según una reflexión publicada en Diario del Norte, la región parece vivir de espaldas a su propia realidad. Desde Bogotá llegan lentamente conceptos de autonomía territorial que, sin que nos demos cuenta, se están convirtiendo en sinónimo de fragmentación social y cambios abruptos en el mapa de la región.

El panorama es complejo. La discusión sobre las Etis en la Alta Guajira y la Sierra Nevada, la consolidación de la denominada Línea Negra, la transformación de cerca del 80 por ciento del territorio de ocho municipios en zona Appa y la ocupación de hechos de sectores estratégicos por grupos armados ilegales configuran un escenario que exige reflexión profunda sobre el futuro administrativo, político y social del departamento fronterizo.

Aquí viene lo importante: nadie niega los derechos históricos de los pueblos indígenas ni deslegitima sus aspiraciones de autonomía. Colombia, como Estado pluriétnico y multicultural, tiene una deuda histórica con estas comunidades, particularmente con el pueblo wayuú, que durante décadas ha reclamado mayor reconocimiento y capacidad de decisión sobre sus territorios ancestrales. Ese reclamo es constitucional y está protegido. Pero toda autonomía debe ejercerse dentro de los límites del orden constitucional. La descentralización y el reconocimiento étnico no pueden convertirse en herramientas para fracturar la estructura territorial del Estado ni generar vacíos institucionales que terminen siendo aprovechados por actores al margen de la ley.

Lo que preocupa de verdad es que muchas de estas decisiones, que tienen enorme trascendencia para el departamento, no han sido suficientemente explicadas a la ciudadanía. La falta de debates públicos amplios y de escenarios reales de concertación ha dejado a buena parte de la sociedad guajira por fuera de discusiones que comprometen su presente y su futuro. Más grave aún es que en algunas zonas la imposición territorial no proviene exclusivamente de decisiones administrativas o jurídicas, sino de la presión ejercida por grupos armados que han ocupado espacios de poder, alterando la vida cotidiana de las comunidades.

Según el análisis, la Guajira parece hoy sitiada, atrapada en una especie de campo minado donde cualquier paso en falso podría desencadenar una peligrosa estampida institucional y social. Por eso la conclusión es clara: es momento de que el Gobierno nacional, las autoridades departamentales, las comunidades indígenas, los gremios, la academia y la sociedad civil se sienten a dialogar con franqueza.

El departamento necesita certezas, consensos y gobernabilidad. Su futuro no puede definirse entre silencios administrativos ni bajo la sombra de las armas.