El tiempo apremia. A menos de un mes de que se agote el plazo que la Corte Constitucional había fijado, el Congreso debe resolver si el Ministerio de Igualdad y Equidad continúa funcionando o cierra sus puertas. Esta es una decisión que va más allá de una votación legislativa ordinaria.

El ministro Lucho Acosta salió a defender la entidad con argumentos contundentes. Uno de ellos parte de un diagnóstico que habla por sí solo: según el Informe de Desarrollo Humano de la ONU 2025, Colombia ocupa el tercer lugar mundial en desigualdad y lidera ese ranking en América Latina. Para Acosta, sin una institución dedicada exclusivamente a este reto, las políticas dirigidas a mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad, cuidadores y jóvenes en situación vulnerable vuelven a dispersarse, como sucedió durante décadas sin coordinación clara.

No faltan los cuestionamientos. El ministerio ha enfrentado críticas sobre su ejecución presupuestal y ha estado rodeado de controversias desde su nacimiento institucional. El ministro no oculta estos obstáculos, pero plantea un argumento directo: construir una entidad desde cero es extraordinariamente difícil, y desmantelarla cuando apenas comienza a consolidarse sería sabotear políticas que recién despegan. En tres años, según su balance, el ministerio logró vincular más de 30.000 jóvenes al programa Jóvenes en Paz, invirtió 37.000 millones de pesos en autonomía económica para 5.200 mujeres, fortaleció más de 220 organizaciones de cuidado comunitario y puso en marcha la línea SALVIA 155 para atender a víctimas de violencias de género. Además, desarrolló políticas públicas inéditas sobre campesinado, racismo, derechos LGBTIQ+ y programas contra el hambre.

Cerrar el ministerio representaría, advierte Acosta, abandonar a las comunidades más marginadas que por primera vez sintieron que el Estado las reconocía. Todos los programas en marcha, las oficinas territoriales y los procesos de articulación regional quedarían en riesgo, incluyendo la atención a la crisis climática que afectó recientemente a Córdoba.

El ministro llevó un mensaje muy claro a los legisladores. "No solo se vota el futuro de un ministerio". Lo que está en juego también es quién respalda la construcción de institucionalidad diseñada para cerrar brechas históricas de desigualdad, y quién queda del lado opuesto en esa memoria del país.

El debate está programado para hoy a las 10:00 a.m. en el Congreso. La votación ocurre inmediatamente después. Para comunidades que han esperado décadas por representación estatal, esta es una jornada histórica.